Recientemente Cristina Kirchner utilizó la expresión “narcocapitalismo” (o “narcocapitalistas”) en un contexto de fuerte crítica política al gobierno de Javier Milei, centrada en el escándalo de presuntos vínculos entre el diputado y primer candidato a renovar su banca por La Libertad Avanza en Buenos Aires, José Luis Espert, y el “empresario” Federico “Fred” Machado, acusado de narcotráfico y lavado de dinero.

CFK se refirió al caso revelado por denuncias judiciales y reportes periodísticos, donde se indica que Espert recibió un aporte de 200 mil dólares de Fred en 2020, además de beneficios como un avión privado y una camioneta.

Machado, extraditado de EE.UU. por conspiración para producir y distribuir cocaína, cumple prisión domiciliaria en un country en Viedma.

Cristina Kirchner cuestionó que la Corte Suprema “cajoneó” por más de tres años la extradición de Machado, contrastándolo con la celeridad en su propia condena por la causa Vialidad e ironizó sobre la ideología libertaria de Milei y LLA: “No eran anarcocapitalistas, parece ser que eran narcocapitalistas”.

En este contexto “narcocapitalismo” es una denuncia de corrupción sistémica del modelo mileísta, donde el “libre mercado” encubre flujos de dinero ilícito, financiando a figuras como Espert.

Tomemos como ejemplo emblema de corrupción sistémica (hay más) el nuevo blanqueo de capitales que es réplica del anterior de 2024, al que Milei y Caputo consideraron “exitoso”, sin aclarar entonces para quiénes, pero hoy imaginamos.

El blanqueo 2025 elimina los controles sobre el origen de hasta US$ 100 mil (y potencialmente más en ciertas condiciones) y no solo viola normas internacionales contra el lavado de dinero, sino que invita a flujos de capitales narco, de trata o evasión masiva, exacerbando la vulnerabilidad de las fronteras (como la Triple Frontera con Paraguay y Brasil).

El Estado “facilita” orgánicamente el crimen organizado en nombre de la libertad económica. Veamos más detenidamente.

Este “blanqueo” es una extensión del Régimen de Regularización de Activos (aprobado en la Ley de Medidas Fiscales Paliativas de 2024), pero en su versión 2025 se radicaliza al eliminar la obligación de justificar el origen de fondos para montos de hasta US$ 100 mil.

Alcance: permite declarar y usar dólares “bajo el colchón” o en el exterior sin preguntas, para compras como inmuebles, autos o depósitos bancarios. Para montos superiores, hay alícuotas del 0% si se invierten en bonos o se mantienen hasta fin de 2025.

Plazos: la tercera etapa del blanqueo original cerró en mayo de 2025 con más de US$ 31 mil millones declarados (US$ 22.500 millones en la primera fase, principalmente efectivo). El “neoblanqueo” se lanzó inmediatamente después, sin necesidad de aprobación del Congreso, vía decreto.

Javier Milei lo llama “reparación histórica de los ahorros” y “presunción de inocencia fiscal”, argumentando que los argentinos sacaron dólares del sistema por miedo al Estado “ladrón” (inflación, cepo cambiario).

Toto Caputo estima que hay US$ 250mil-400 mil millones en negro, y esta medida busca formalizarlos sin “tratar a la gente como criminal”.

El Gobierno celebra un “éxito” similar al blanqueo de 2024, con depósitos en dólares récord (casi US$ 20 mil millones en la fase inicial).

Sin embargo, la crítica más severa es que, al igual que en 2024, el blanqueo 2025 abre las puertas al lavado de divisas provenientes del narcotráfico.

Magistrados y expertos en lavado (como los de la UIF) advierten que viola la Ley 25.246 (antilavado) y convenios internacionales como el de Palermo (ONU contra crimen organizado) y las recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).

Hasta el FMI emitió una “advertencia atenta” en mayo 2025, exigiendo transparencia y “alinearse” con estándares globales.

Organizaciones como Transparencia Internacional sugieren que facilita el narco: “ya en 2024, el primer blanqueo atrajo fondos de cripto y exterior sin trazabilidad plena”.

En 2025, con fronteras porosas, se anticipa un “efecto llamada”: fondos de Bolivia, Paraguay o Colombia cruzando sin controles.

Para colmo, un informe de la DEA (EE.UU.) de junio 2025 ya nota un pico en transferencias cripto hacia Argentina posblanqueo y opositores de izquierda y kirchneristas lo llaman “puerta al paraíso fiscal delictivo”.

Más allá del leading case Espert, Cristina Kirchner tuvo razón, la corrupción en el gobierno nacional es sistémica y tiene en el narcolavado un poderoso motor, estimados lectores de PERFIL.

*Director de Consultora Equis.