El Tribunal de Cuentas incorporó doce órdenes de autorización que documentan la entrega de alimentos y materiales de Desarrollo Social a la Caja Popular. Entre los firmantes aparecen el exinterventor José Díaz, el actual legislador Hugo Ledesma y la exministra Lorena Málaga.

El organismo de control destapa el mecanismo interno que vació depósitos de Desarrollo Social, usando a la Caja Popular de Ahorros como supuesta «beneficiaria». 12 Órdenes de Autorización confirman la entrega de bienes sociales a una red de exfuncionarios. La Justicia y la Legislatura ya tienen la evidencia.

El Tribunal de Cuentas de Tucumán (TC) acaba de asestar un golpe demoledor en la investigación que compromete a la cúpula de la Caja Popular de Ahorros (CPA) y a exjerarcas del Ministerio de Desarrollo Social. Ya no se trata de indicios, sino de la prueba documental del circuito que conectó recursos destinados a los más vulnerables con un grupo de funcionarios.

Mediante el Acuerdo N.º 5184, fechado el 11 de noviembre de 2025, el TC formalizó el anexo de 12 Órdenes de Autorización (ODA). Este no es un mero trámite administrativo; es el mapa del supuesto saqueo de 2023.

DE ARROZ Y CHAPAS A LA CAJA CHICA DE LA CPA

El expediente es lapidario: los requerimientos de bienes provenían de la propia Caja Popular, pero lo más escandaloso es la naturaleza de lo solicitado. No eran insumos bancarios, sino mercaderías destinadas a paliar la pobreza:

• Alimentos básicos: Aceite, arroz, fideos, leche en polvo.
• Elementos estructurales: Chapas C27, camas cuchetas, mesas y sillas plásticas.

Todo proveniente de programas sociales. Es decir, bajo la sombra de la intervención de la CPA, se habría operado una red interna que supuestamente desviaba la asistencia social.

El TC no se limitó a señalar el hecho, sino que puso nombres y apellidos a la cadena de responsabilidades, reproduciendo los ejemplos más relevantes del expediente N.º 2229-270-CFG-24:

• El Interventor en la Mira: José César Díaz firma pedidos para retirar 50 chapas, 50 camas y 120 muebles plásticos. ¿Para qué fines institucionales la CPA necesita esa cantidad de bienes sociales?
• El Legislador Implicado: Las planillas confirman que Hugo Guillermo Ledesma, entonces Subinterventor de la CPA y hoy legislador provincial, también aparece como solicitante de bienes.
• La Trama del Retiro: El nombre de Luis Enrique Carranza figura repetidamente como la persona que retiró las mercaderías.

JUICIO DE RESPONSABILIDAD: LA MÁQUINA DE LA JUSTICIA YA ESTÁ EN MARCHA

Este nuevo anexo se suma al Acuerdo 5140, que ya había abierto un Juicio de Responsabilidad contra ocho funcionarios, entre ellos Ledesma, Díaz y exministra Lorena Málaga Barros Sosa.

La gravedad del caso forzó al Tribunal a disponer la comunicación inmediata del expediente al Ministerio Público Fiscal por la presunta comisión de delitos tan graves como el incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos.

El Tribunal no solo le pasa la pelota a la Justicia, sino que también notifica a la Corte Suprema y a la Legislatura Provincial.

El Tribunal de Cuentas ha puesto blanco sobre negro: la CPA, bajo intervención, no solo habría fallado en su control financiero, sino que se habría convertido en el eslabón clave para el desvío de recursos sociales. El escándalo es doble: la traición a la confianza pública y la confirmación de que hubo quienes supuestamente utilizaron la asistencia a los pobres como si fuera su caja chica personal. La Justicia debe ir a fondo para determinar quién dio la orden y dónde terminaron las chapas y la comida de los que menos tienen.