Corea del Norte orquestó un brutal espectáculo de terror de Estado en Pyongyang para enviar un mensaje claro a sus ciudadanos. La ejecución pública de una pareja de empresarios, conocida en el mercado como «peces gordos» por el éxito de su negocio de venta y alquiler de bicicletas eléctricas, fue diseñada para infundir miedo y reforzar el control del Gobierno sobre la economía privada. La pareja, de unos cincuenta años, fue asesinada a tiros por un pelotón de fusilamiento en un espacio abierto, con cientos de personas forzadas a presenciar la escena.

El «crimen» que habían cometido los ejecutados fue ser exitosos: a pesar de estar formalmente registrados, obtuvieron importantes beneficios paralelos que les valieron el resentimiento de los vecinos y lo que los lugareños describían como un «comportamiento arrogante». La condena se justificó bajo el marco de la violación a la Ley de Rechazo del Pensamiento y la Cultura Reaccionarios, además de ser acusados de mover divisas de manera ilegal y difundir mensajes anti-estatales.

Las autoridades fueron explícitas sobre la “intención didáctica” del fusilamiento. Aunque el castigo fue comunicado como un «modelo para prevenir el caos económico y educar al público», la verdadera interpretación fue mucho más dura: una advertencia dirigida a cortar los vínculos externos y frenar cualquier práctica empresarial privada que excediera los límites estatales.

El momento elegido para la ejecución fue un mensaje político en sí mismo, ya que ocurrió poco después de que el mandatario Kim Jong-un volviera de una visita oficial a China. Fuentes cercanas al caso indicaron a Daily Mail que el Gobierno buscó demostrar que la cooperación con países extranjeros no garantiza «excepciones a la disciplina interna», reforzando la línea dura contra cualquier ciudadano que se atreva a “propasarse”..

El efecto de la advertencia fue inmediato y paralizante para el sector económico. Tras el incidente, la actividad en el mercado cayó drásticamente durante varios días. Las empresas ligadas a la pareja quebraron y se produjo una distorsión en el mercado de repuestos y baterías, cuyos precios aumentaron de golpe o dejaron de moverse por completo. De esta manera, los empresarios quedaron «abrumados por el miedo«, ante la certeza de que podrían ser «atrapados en cualquier momento».

La condena a la pareja, detenida en agosto y sentenciada a principios de septiembre, se extendió a su círculo cercano. Alrededor de 20 personas vinculadas a los empresarios recibieron penas de exilio o de reeducación, completando así la “purga” ordenada por el Gobierno norcoreano para imponer la disciplina interna.

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La táctica del miedo: niños obligados a presenciar la ejecución

La ejecución en el espacio abierto de Mirim se distinguió por la crueldad aplicada en la convocatoria. Las autoridades ordenaron la asistencia obligatoria de todos los gerentes de mercados y puestos, congregando a más de 200 residentes para presenciar el asesinato. Sin embargo, la mayor atrocidad fue obligar a los padres sin opciones de cuidado a llevar a sus hijos pequeños y estudiantes de secundaria, exponiéndolos directamente a la violencia extrema.

El propósito de incluir a menores en el macabro espectáculo fue intencional. Una fuente señaló a Daily Mail que, con esta medida, el Estado busca «infundir miedo en la población, especialmente entre los jóvenes». El objetivo no es sólo la represión económica, sino grabar en la mente de las nuevas generaciones el mensaje de que «el Estado puede castigar a quien quiera», sin importar la causa.

El castigo con la muerte se extiende a delitos considerados culturales o ideológicos. La distribución de medios de comunicación extranjeros puede llevar directamente a una sentencia de fusilamiento. Un ejemplo reciente de esta política extrema ocurrió el año pasado, cuando un joven de 22 años fue ejecutado por distribuir contenidos de K-pop surcoreano.

TC/DCQ