El caso de Burruyacú volvió a exponer la combinación más peligrosa de la política tucumana: obras millonarias sin terminar, irregularidades judiciales, manipulaciones locales y ahora un intendente que asegura sentirse “hostigado” por los propios vecinos que reclaman lo básico: una red cloacal que nunca llega.

Una obra millonaria, años de retraso y demasiadas excusas

En 2023, el municipio de Burruyacú recibió más de $200 mil millones para construir la red de colectoras y el sistema de tratamiento de líquidos cloacales. Cuatro años después, el avance oficial sigue estancado en un 71,81%, cifra que repiten como un mantra cada vez que el Gobierno de Tucumán es consultado.

Pero esa obra no solo está frenada: está atravesada por denuncias, un amparo ambiental y un cúmulo de decisiones judiciales que nunca terminan de ejecutarse. La Defensoría del Pueblo de la Nación confirmó las irregularidades y recordó que el Estado tucumano debe garantizar el derecho humano a un ambiente sano.

La situación es tan grave que las plantas cloacales proyectadas estarían a menos de 300 metros del casco urbano, algo prohibido por legislación provincial, nacional e internacional. “Es un atentado a la vida”, dijeron vecinos en diálogo con medios locales.

La Justicia provincial, entrampada: archivos sospechosos y un dictamen que nadie cumple

Los vecinos de Burruyacú denunciaron formalmente ante el Juzgado Civil y Comercial de la IV Nominación, pero el Gobierno intentó cerrar y archivar la causa. El ministro fiscal Edmundo Jiménez intervino y señaló múltiples irregularidades, advirtiendo que:

• No se pueden construir plantas cloacales tan cerca del área urbana.
• Se están violando leyes ambientales vigentes.
• Se ignoraron normas del Acuerdo de Escazú, de cumplimiento obligatorio.

Aún así, las órdenes judiciales parecen no incomodar al poder político local. Las obras siguen frenadas y los vecinos, desamparados.

Mientras tanto, el intendente Leal dice sentirse “hostigado”

En medio de la crisis, el intendente kirchnerista de Burruyacú, Jorge Abran Leal, afirmó en una entrevista que se siente “hostigado” por los vecinos que reclaman la obra cloacal, pese a que lo que existe hoy son dos pozos inundados por lluvias que funcionan como bombas de contaminación.

Lo insólito es que Leal no solo evade su responsabilidad: enfrenta denuncias por violencia institucional y violencia de género, además de acusaciones por incumplimientos ambientales graves.

El intendente está señalado por:

• Violar el amparo ambiental colectivo dictado por la Justicia.
• Incumplir la Ley de Conservación del Suelo en Tucumán.
• Desconocer la Ley Yolanda.
• Ignorar tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú.
• Pasar por encima de dictámenes de la Corte Suprema de Tucumán y del Ministerio Público Fiscal.

La pregunta es contundente:
¿Cuánto poder cree tener Leal para ubicarse por encima de la Justicia y del propio Estado provincial?

Vandalismo, hostigamiento y una comunidad que ya no tiene miedo a denunciar

En paralelo, en los últimos días se registraron nuevos hechos de vandalismo y hostigamiento contra la propiedad “Finca Monte Caseros”, cuyo dueño fue uno de los primeros en advertir las irregularidades ambientales. Estos ataques se suman a episodios ocurridos durante los últimos tres años.

Una obra de $343 millones estancada y un pueblo atrapado entre la política y la desidia

El costo estimado de la obra cloacal es de $343.688.863, pero el avance real no se mueve del 71,81%, un número congelado desde hace años.
La pregunta que se hacen los vecinos es la misma que se hace toda la provincia:

¿Quién va a hacerse cargo y cuándo van a terminar una obra vital que hoy pone en riesgo a toda la comunidad?

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