La Sala Segunda en lo Criminal y Correccional del Superior Tribunal de Justicia del Chaco dispuso la liberación de María Laura Moreno, exfuncionaria del Instituto de Agricultura Familiar, Economía y Producción (IAFEP) durante la gestión de Jorge Capitanich, al hacer lugar al recurso de casación presentado por su defensa. La medida revoca la prisión preventiva que pesaba sobre ella en el marco de una causa por presunta corrupción administrativa y fraude al Estado, vinculada a la certificación de obras públicas inexistentes o inconclusas.

La decisión judicial alcanza únicamente a Moreno, imputada junto a Mauricio Andión y Julio Santana, y ordena remitir el expediente a la Cámara Segunda en lo Criminal para que reevalúe la medida cautelar bajo los criterios establecidos en el fallo.

Falta de riesgos procesales: el argumento central del fallo

En su voto, el ministro Víctor del Río, acompañado por la presidenta del cuerpo Emilia María Valle, sostuvo que, si bien subsisten elementos suficientes para mantener la acusación contra la exfuncionaria, no se acreditaron hechos concretos que justifiquen el mantenimiento de la prisión preventiva.

El tribunal recordó que la medida es de carácter excepcional y debe aplicarse únicamente cuando exista peligro real de fuga o de entorpecimiento del proceso. En este caso, señalaron los magistrados, la investigación ya concluyó y la causa fue elevada a juicio, por lo que los riesgos invocados por la fiscalía resultan “meramente hipotéticos”.

Asimismo, cuestionaron que la restricción se haya fundado únicamente en la gravedad de la pena esperada (por 44 hechos en concurso) o en presuntos vínculos de Moreno con empleados del organismo, sin detallar de qué manera concreta podría obstaculizar el proceso. En esa línea, el fallo recordó que deben priorizarse medidas menos gravosas, como cauciones, prohibición de salida del país, retención de pasaporte o uso de tobillera electrónica.

La disidencia: riesgos para el juicio y capacidad de influencia

La ministra Iride Isabel María Grillo votó en disidencia y propuso mantener la prisión preventiva. En su opinión, existen elementos suficientes para acreditar la participación de Moreno en los hechos investigados y se mantienen riesgos procesales importantes.

Grillo advirtió que la exfuncionaria podría influir en testigos que aún no declararon y que su capacidad económica le permitiría evadir la acción de la Justicia. También rechazó los argumentos de la defensa sobre la supuesta “doble persecución” o la falta de dolo, y consideró que no corresponde aún analizar planteos sobre la obediencia debida.

La causa: obras inexistentes y pagos millonarios

La investigación se originó a partir de contratos firmados por el IAFEP con cooperativas, fundaciones y organizaciones sociales en el marco del Programa Incentivar Trabajo, destinado a la construcción de viviendas y galpones comunitarios.

Según la acusación, Moreno certificó avances de obra inexistentes o muy inferiores a los declarados, en algunos casos entre el 10% y el 17%, lo que habilitó pagos millonarios a las entidades contratistas y generó un perjuicio económico al Estado provincial.

La defensa, por su parte, cuestiona la valoración de la prueba, sostiene que no hubo concurso real de delitos sino una única conducta continuada, denuncia violaciones a las garantías constitucionales y, en su momento, había solicitado prisión domiciliaria por razones familiares, planteo que no fue resuelto porque la decisión principal fue levantar la preventiva.