CABA, 18 de octubre de 2025

“La violencia no es un estallido. Es un lenguaje.”

Eugenio Raúl Zaffaroni

Dos crímenes, una misma raíz

En septiembre de 2025, tres jóvenes fueron engañadas con la promesa de una fiesta en Florencio Varela. Cinco días después, sus cuerpos aparecieron torturados, mutilados y enterrados en el jardín de una vivienda. El horror trascendió lo policial: reveló la consolidación de una red narco transnacional que utiliza el territorio, el cuerpo y el miedo como instrumentos de control.

Pero no se trata de un episodio aislado. En 2008, el llamado Triple Crimen de General Rodríguez —los empresarios de la efedrina asesinados y abandonados en un descampado— mostró por primera vez la infiltración del narcotráfico en las estructuras políticas, empresariales y judiciales argentinas.

Ambos casos son espejos de un mismo fenómeno: el avance del crimen organizado como forma paralela de poder y la progresiva erosión del Estado de Derecho.

Como advirtió Sebastián Soler, “la criminalidad organizada se reconoce por su capacidad de sustituir al Estado en su función coercitiva”. Esa sustitución no siempre se manifiesta con armas; a veces se disfraza de orden, de ayuda o de justicia privada.

El mensaje mafioso: la violencia como discurso

Tanto en Florencio Varela como en General Rodríguez, la violencia fue planificada, simbólica y comunicativa. La tortura, el entierro, la transmisión de imágenes en redes sociales o el abandono en un campo abierto no son residuos del delito: son el delito mismo, en su forma más pura.

Roxin explicaba que el dominio del hecho —criterio central de imputación penal— se alcanza no sólo por la ejecución material, sino por el control del proceso delictivo y del contexto social en que se inserta. En estos crímenes, el dominio se traduce en control social: someter al barrio, disciplinar al competidor, humillar a la víctima y desafiar al Estado.

El crimen organizado, en definitiva, comunica. Comunica impunidad, poder y miedo. Y en esa comunicación reside su eficacia.

Del narcotráfico como negocio al narcotráfico como estructura social

Durante años, se creyó que el narcotráfico era apenas un negocio ilícito de circulación de drogas. Hoy constituye una estructura de dominación social, con lógicas económicas propias, códigos morales paralelos y sistemas de lealtad que reemplazan al Estado. Los barrios más castigados no solo son sus víctimas: también son su territorio de reclutamiento y legitimación.

Jesús-María Silva Sánchez sostiene que la “criminalidad de segunda velocidad” se caracteriza por un salto cualitativo en la capacidad del delito de organizar entornos, producir rentabilidad y perpetuar su poder. Ya no se trata solo de traficar sustancias: se trafica poder. Y cuando el poder se compra y se teme, la norma penal se debilita y la justicia se vuelve anecdótica.

El desafío del Derecho Penal: entre la dogmática y la realidad

El Derecho Penal argentino enfrenta hoy un desafío civilizatorio: redefinir su rol frente al crimen organizado y la violencia narco-femicida. Como señalaba Zaffaroni, “el derecho penal no puede limitarse a castigar, debe impedir que la violencia se naturalice como forma de relación social.”

Desde la dogmática clásica, la respuesta debe ser firme pero racional:

Reafirmar la coautoría funcional y el dominio del hecho como ejes de imputación a los líderes, no solo a los ejecutores.

Aplicar con decisión los agravantes de alevosía, ensañamiento y concurso premeditado, especialmente cuando el crimen tiene connotaciones de femicidio o trata.

Reconocer la dimensión digital de la evidencia, incorporando videos, transmisiones y metadatos bajo protocolos rigurosos de cadena de custodia.

Exigir al Estado una debida diligencia reforzada, conforme al Protocolo UFEM y a los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El desafío no es solo técnico. Es moral. El Derecho Penal debe conservar su alma protectora frente a la barbarie, porque sin alma, la norma es letra muerta.

Dos Argentinas: la visible y la soterrada

El crimen de Florencio Varela ocurrió a pocos kilómetros de universidades, templos y barrios cerrados. El de General Rodríguez germinó en el corazón de un negocio farmacéutico que abastecía a carteles internacionales.

Dos geografías distintas, una misma fractura moral: la Argentina que mira y la Argentina que entierra. Y entre ambas, una frontera invisible donde los jóvenes aprenden que el silencio es más rentable que la verdad.

Esa frontera —la frontera interior— no es geográfica: es cultural, espiritual, institucional.
La atraviesan fiscales amenazados, jueces intimidados, periodistas silenciados y ciudadanos anestesiados.

Como escribió Albert Camus: “El mal que hay en el mundo viene casi siempre de la ignorancia, y la buena voluntad sin inteligencia puede causar tantos desastres como la maldad.”

Reflexión final: el deber de coraje

Estos crímenes no son anomalías: son síntomas. El narcotráfico avanza cuando el Estado retrocede, cuando la justicia duda y cuando la sociedad calla. El Derecho Penal no puede ser una coartada de impotencia. Debe recuperar su función moral, que no es solo sancionar, sino recordar que hay límites que ninguna sociedad debe cruzar.

Porque cada femicidio en contexto narco, cada ejecución mafiosa, cada silencio cómplice, es —como dijo Roxin— “una derrota de la comunidad frente a su propia sombra.”

No habrá justicia sin coraje, ni paz sin prevención. Y el primer acto de prevención es nombrar las cosas por su nombre, sin eufemismos ni complacencias.

“El crimen organizado no destruye solo cuerpos. Destruye instituciones.”

Alejandro Vecchi es abogado penalista, especialista en Derecho Penal

LT