La Cámara de Acusación reabre una causa por presunto abuso en un colegio privado
La Cámara de Acusación de Córdoba revocó el archivo de una causa por presunto abuso sexual en un colegio privado de la zona norte de la ciudad y ordenó reabrir la investigación.
El tribunal acogió el recurso de apelación interpuesto por el abogado querellante José D’Antona -del estudio D’Antona, D’Antona, Cornú-, representante de los padres de una niña de cuatro años, al momento del presunto hecho de agresión sexual ocurrido en marzo de 2023.
Fueron denunciados tres docentes de educación física del establecimiento como sospechosos. Inicialmente intervino el fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, Juan Ávila Echenique, quien -al cabo de una investigación- solicitó el archivo del caso y luego, el juez Agustín Cafferata, clausuró la pesquisa al coincidir con los argumentos centrales del fiscal.
Los padres de la niña apelaron la decisión y el tribunal de Alzada consideró que la investigación no estaba agotada y que persistían contradicciones fundamentales entre las pericias psicológicas y los testimonios recolectados. Además, dispuso el apartamiento del fiscal de instrucción y del juez de control que habían intervenido en el caso, para garantizar una revisión imparcial.
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La querella cuestionó el archivo por falta de pruebas
El recurso presentado por el estudio D’Antona – D’Antona – Cornú cuestionó la resolución del Juzgado de Control, que había confirmado el archivo de la causa dispuesto por la fiscalía.
El abogado sostuvo que el cierre fue prematuro e infundado, ya que el fiscal se negó a diligenciar pruebas clave solicitadas por la querella —como nuevas testimoniales e informes técnicos— y descartó de manera arbitraria la pericia psicológica de control que detectaba indicadores de victimización.
También señaló que la decisión judicial violó las reglas de la sana crítica al desestimar el relato de la menor por considerarlo “repetitivo”. Según el letrado, la consistencia del testimonio de un niño en distintas instancias refuerza su credibilidad, en lugar de restarle valor.
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Para la Cámara, la duda inicial obliga a investigar
La Cámara estableció un principio clave: en la etapa inicial de una causa penal, la duda no es motivo para archivar, sino para investigar.
“El proceso penal comienza con una duda que debe evolucionar. Solo cuando exista certeza palmaria de que el hecho no ocurrió puede cerrarse el expediente”, señala el fallo.
El tribunal remarcó que la investigación fue deficiente y que todavía quedan pericias pendientes. En particular, advirtió sobre inconsistencias en los estudios psicológicos de dos de los denunciados, ya que la propia perito oficial mencionó que los entrevistados podrían haber sido “preparados” para responder.
Contradicciones entre las pericias y valor del testimonio infantil
Uno de los ejes de la resolución fue la contradicción entre la pericia oficial y las evaluaciones inmediatas realizadas por profesionales particulares.
La psicóloga que atendió a la niña poco después de los hechos detectó indicadores compatibles con victimización sexual, mientras que la pericia oficial, practicada dos meses y medio más tarde, no halló señales concluyentes.
Para la Cámara, esta discrepancia no justifica un archivo, sino que impone la necesidad de nuevas evaluaciones a cargo del Comité de Expertos de Peritos del Poder Judicial, que deberá analizar las grabaciones y determinar la naturaleza del relato infantil.
El tribunal destacó además que los niños son un grupo especialmente vulnerable y que su testimonio debe presumirse veraz hasta que se demuestre lo contrario, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia.
La investigación continuará pero con otros magistrados
Como consecuencia de la revocación del archivo, la Cámara ordenó separar del expediente al fiscal y al juez de control que habían intervenido.
El objetivo, según el fallo, es garantizar “una nueva mirada” sobre la prueba y evitar prejuicios derivados de decisiones previas.
Con esta decisión, la investigación deberá continuar en la Fiscalía especial a cargo de Ingrid Vago. Tendrá a su cargo determinar si existió o no un hecho punible en el ámbito escolar denunciado.