Juicio por YPF: Argentina presentó una moción de emergencia ante la Justicia de EE.UU.
La defensa legal de la República Argentina ante los tribunales de Estados Unidos elevó una solicitud de carácter urgente vinculada al Juicio por YPF con el objetivo de paralizar de forma inmediata el proceso de exhibición de documentos, conocido técnicamente como discovery. Esta moción de emergencia, presentada por la Procuración del Tesoro ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York, intenta suspender las instancias probatorias y el requerimiento de sanciones hasta que se resuelva la apelación de fondo contra la sentencia que condena al país al pago de 16.000 millones de dólares.
A través de un comunicado oficial, la Procuración del Tesoro argumentó que la suspensión del Juicio por YPF está plenamente justificada debido a la existencia de fundamentos legales sólidos para revertir el fallo anterior. Entre los ejes centrales de la defensa se destaca el cuestionamiento a la aplicación del derecho local en el tribunal extranjero y la invocación del principio de forum non conveniens.
El escrito advierte que la continuidad de la etapa de producción de pruebas en este litigio por la petrolera estatal generaría un perjuicio irreparable para la nación y afectaría la previsibilidad necesaria para mantener el desarrollo normal de sus relaciones financieras internacionales.
La estrategia jurídica también responde a las pretensiones de los demandantes, quienes solicitaron que el país sea declarado en desacato y reciba penalidades que la representación estatal califica como improcedentes y fuera de proporción. En este sentido, la defensa sostiene que la República ha cumplido con las órdenes dictadas durante el proceso legal por la expropiación
Un factor relevante en este escenario es el reciente respaldo del Departamento de Justicia norteamericano, que a fines de febrero solicitó que la nación no sea declarada en desacato y pidió intervenir en la audiencia de apelación del Juicio por YPF programada para mediados de abril, vinculada a la orden de entrega de las acciones.
Finalmente, el organismo que conduce la estrategia legal reafirmó que el Estado continuará utilizando todos los recursos jurídicos e instrumentos internacionales disponibles para proteger la vigencia de la Constitución Nacional y los principios del derecho internacional. Con esta moción, el Gobierno busca específicamente detener la audiencia probatoria fijada entre el 21 y el 23 de abril de 2026, mientras aguarda una resolución definitiva que resguarde los activos soberanos ante el reclamo multimillonario.

