El titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°5, Franco Picardi, solicitó la elevación a juicio oral de la causa contra cuatro abogados, un contador y otras tres personas más por intentar apoderarse de la indemnización de un hombre con discapacidad.

Según la acusación, los señalados estafaron al Juzgado Civil N°55 para que transfiriera a una cuenta controlada por los imputadas, más de 345 mil dólares de la indemnización otorgada a un hombre que padece una discapacidad del 100%.

En su requerimiento  a la jueza María Servini, el representante del Ministerio Público Fiscal les imputó a los abogados Martín Simón Siedner, Inés Teresa Bianco, Angélica Irene Chiozza y Ariel Carlos Manuel Noli, el contador público Santiago Foutel, y a Federico Ángel Campanella, Néstor Daniel Alegre y Arturo Emilio Frechtel la comisión de los delitos de estafa en grado de tentativa, uso de un documento falso -al introducir en el expediente civil un informe médico apócrifo- y el uso de un documento público falso destinado a acreditar la identidad de una persona.

La investigación se inició en 2022 al advertirse una serie de irregularidades en uno de los expedientes el Juzgado Nacional en lo Civil N°55, la cual comenzó en 1993, luego de que una mujer y su hijo demandaran a la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires por el accionar del personal de salud del Hospital Dalmacio Vélez Sarsfield, que derivaron en complicaciones en el parto del niño -ocurrido el 5 de febrero de 1991- y que le ocasionaron una discapacidad del 100%.

Desde el portal Fiscales señalan que en ese caso se determinó la responsabilidad del centro de salud y el gobierno local, por lo que se dispuso un resarcimiento en favor del niño, que hoy tiene 34 años.

“La indemnización se depositó en una cuenta del Banco de la Nación Argentina (BNA) a nombre del Juzgado Civil N°55, mientras que la madre de la víctima estaba autorizada a invertir el dinero. Así, conformó un plazo fijo y, una vez al año, iba al banco a cobrar los intereses”, detallaron las autoridades.

Aun así, en septiembre de 2022, cuando concurrió a la entidad bancaria, le informaron que había poco dinero en la cuenta, algo que le llamó la atención, por lo que consultó con su abogado.

De esta manera se tomó conocimiento que alguien intentaba transferir el dinero de la indemnización de su hijo -que en ese entonces eran 345.939,12 dólares- a una cuenta abierta, a nombre del hombre, en el Banco Patagonia.

Frente a este escenario, la mujer se presentó ante el Juzgado Civil y denunció lo que ocurría, por lo que el juez dejó sin efecto la transferencia que había ordenado en agosto de 2022.

De la investigación desarrollada por el fiscal Picardi, se comprobó que el fallecido abogado Mario Félix Benítez -imputado al inicio de la investigación, y quien mantenía contacto con su colega Chiozza- integró el entramado defraudatorio y aportó la información sobre la existencia del remanente de dinero en la cuenta del BNA.

A su turno, “los abogados Siedner y Chiozza realizaron diversas presentaciones judiciales a través del sistema LEX 100, en nombre de la denunciante y su hijo, cuyas firmas falsificaron, al igual que aquellas de letrados que habían intervenido en instancias previas del expediente civil, que se encontraba finalizado en lo atinente a la parte patrimonial”.

En ese contexto, los imputados simularon ante la Justicia que la víctima había logrado “una mejoría sustancial de su estado de salud y que recibió educación primaria y secundaria, como también su participación en diversos programas de formación” para justificar que pudiera autoabastecerse y gestionar la cuenta bancaria donde se transferiría la indemnización.

Sin embargo, la madre de la víctima expuso en la denuncia que es imposible que su hijo haya podido firmar algún documento debido a que “tiene una parálisis cerebral psicomotriz del 90%” y que “no puede caminar, que se desplaza en silla de ruedas y que tampoco habla”.

Otro punto que se obtuvo de la pesquisa es que las presentaciones fueron subidas a través del servicio de internet registrado a nombre de la abogada Bianco -socia en el estudio jurídico con Siedner-. Además, desde ese IP se creó la cuenta de correo electrónico aportada en el trámite de apertura de la cuenta del Banco Patagonia y se descargó la partida de nacimiento del hombre.

Se indicó que los imputados “introdujeron en el expediente civil un certificado médico atribuido a un médico del Hospital Municipal Bernardino Rivadavia, que resultó ser apócrifo”.

El imputado Campanella fue quien se hizo pasar por el damnificado y presentó un documento de identidad apócrifo para abrir la cuenta bancaria del Banco Patagonia, sucursal Martínez, el 21 de abril de 2021.

Por su parte, Frechtel dio de alta el número telefónico que se usaba como teléfono de recuperación de los correos electrónicos apócrifos y que fue aportado al juzgado como si fuera el perteneciente al verdadero abogado de las víctimas, pero que era controlado por los imputados. También gestionó la realización de un informe médico legista -que no se concretó- y se hizo pasar por el supuesto abogado del damnificado.

Las personas imputadas fueron cumpliendo los requerimientos en el trámite civil, para que el Juzgado Civil N°55 ordenara la transferencia a la cuenta del Banco Patagonia, que no se efectivizó por “cuestiones administrativas ajenas a los implicados en las maniobras, y a que el juez dejó sin efecto al tomar conocimiento de las irregularidades ocurridas”.