El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N°7 de la Capital Federal comenzará el jueves el juicio contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, 19 exfuncionarios, dos de sus choferes y 65 empresarios, acusados de integrar una asociación ilícita vinculada a la adjudicación de obra pública, conocida como la causa Cuadernos. A partir de 2018, la investigación se basa en los cuadernos de Óscar Centeno, exchofer que registró supuestos pagos de sobornos entre empresarios y funcionarios durante los gobiernos del también expresidente Néstor Kirchner y su esposa.

Según el cronograma del tribunal, las audiencias se realizarán todos los jueves de 9.30 a 13.30 hasta fin de año y, desde marzo de 2026, se sumará una segunda jornada semanal. A través de Zoom, las sesiones se harán de forma virtual, con acreditación previa para el público, y algunas se transmitirán en vivo por el canal de YouTube del Poder Judicial.,

A cargo de la Fiscalía General N°5 ante los TOF, la fiscal general Fabiana León llevará adelante la acusación junto al fiscal coadyuvante Nicolás Codromaz y los auxiliares Guido Ambrosio y Claudio Nimis. Tras ello, advirtió que se trata “de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina”.

El fiscal federal Carlos Stornelli, quien solicitó la elevación a juicio, centró la investigación en cuatro ejes: los pagos a empresarios registrados por Centeno, las maniobras para adjudicar contratos de transporte ferroviario y corredores viales, la cartelización de la obra pública y la coordinación de los fondos ilícitos por parte de funcionarios. Así, acusó a la expresidenta de ser jefa de la asociación ilícita que operó dentro del Poder Ejecutivo Nacional.

Se originó como derivación de otra investigación por irregularidades en la compra de Gas Natural Licuado (GNL) para el Programa Energía Total (PET), que causó un perjuicio al Estado de 5,5 millones de dólares y por la que ya fueron condenados el exministro Julio De Vido y el exsubsecretario Roberto Baratta. A raíz de esto, en 2018 un periodista de La Nación informó al fiscal federal que una fuente reveló que un chofer del Ministerio de Planificación Federal había registrado los movimientos de funcionarios que trasladaban bolsos con dinero desde empresas hacia diferentes despachos.

A partir de esos registros y de testimonios, Stornelli determinó la existencia de una asociación ilícita liderada por Cristina Fernández y Néstor Kirchner, quienes organizaron “un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilícito con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos”.

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El Ministerio Público Fiscal concluyó que existía un sistema ilegal de recaudación de dinero, gestionado principalmente por funcionarios del Ejecutivo, que establecía acuerdos con empresarios nacionales e internacionales para obtener beneficios mutuos. Aquel contaba con “dos canales totalmente independientes, aunque complementarios y funcionales entre sí”.

Quiénes son los imputados en el juicio por la causa Cuadernos

En el juicio por la causa Cuadernos hay 87 imputados, incluyendo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner como la principal acusada, señalada como jefa de la asociación ilícita dedicada a recaudar sobornos de empresas vinculadas a la obra pública. Abarcan 19 exfuncionarios, 65 empresarios y 2 choferes los imputados en el juicio.

Señalados como miembros de la organización están los exfuncionarios José Francisco López (exsecretario de Obras Públicas), Juan Pablo Schiavi (exsecretario de Transporte, tramo contratos ferroviarios), Claudio Uberti (ex titular del OCCOVI), José María Olazagasti y Nelson Lazarte (exsecretarios privados de De Vido y Baratta), Rafael Llorens (exsubsecretario de Asuntos Jurídicos), Germán Nivello (ex titular de Desarrollo Urbano y Vivienda), Oscar Bernardo Centeno (chofer de Baratta) y Ricardo Raúl Jaime (exsecretario de Transporte entre 2003 y 2009). Además, se incluye a Ernesto Clarens (financista de Inverness S.A.) y a Carlos Wagner (expresidente de CAMARCO y de ESUCO S.A.).

A la par, en la investigación sobre la cartelización de obras públicas se incluyó a Nelson Periotti (exadministrador de la DNV), Sandro Férgola (exgerente de Obras y Servicios Viales) y Sergio Pasacantando (exgerente de Administración de la DNV y exempleado de Inverness S.A.). Entre los empresarios imputados se encuentran Oscar Alfredo Thomas (exdirector ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá), Gerardo Luis Ferreyra (exvicepresidente y accionista de Electroingeniería S.A., Grupo Eling S.A. y Vialco S.A.) y Miguel Marcelino Aznar (presidente de Vialco S.A.).

El juicio también abordará la responsabilidad de funcionarios por cohecho pasivo y admisión de dádivas, como Juan Manuel Abal Medina (exjefe de Gabinete), Hugo Martín Larraburu (excoordinador de la Unidad Ministro de la Jefatura de Gabinete), Fabián García Ramón (exdirector de Energías Renovables), Hernán Gómez y Walter Fagyas (exfuncionario y exasesor de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión), Hernán Del Río (exchofer de Olazagasti) y Julio Daniel Álvarez (exasesor del secretario general de la Presidencia) por encubrimiento agravado.

A modo de cierre, como autores, coautores o partícipes de cohecho activo y dación de dádivas, serán juzgados otros 60 empresarios, entre ellos Ángel Jorge Antonio Calcaterra (accionista de ODS S.A. e IECSA S.A.), Enrique Menotti Pescarmona (presidente de Industrias Metalúrgicas Pescarmona), Aldo Benito Roggio (presidente del Grupo Roggio y Metrovías S.A.), Benjamín Gabriel Romero (titular de Hidrovía S.A.), Rudy Fernando Ulloa Igor (socio de Cumehue S.A.), Armando Roberto Loson (presidente del Grupo Albanesi S.A.), Alberto Ángel Padoan (integrante del directorio de Vicentin S.A.), los hermanos Carlos Fabián y Osvaldo Manuel De Sousa (presidentes de CPC S.A. y Grupo Indalo) y Cristóbal Manuel López (accionista y socio mayoritario de CPC S.A. y Grupo Indalo).

MV / EM