Informe final de $Libra: Diputados hablaron de estafa, apuntaron a Milei y denunciaron encubrimiento judicial
La Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA aprobó este martes un informe final que desató un cimbronazo político: describió una presunta estafa, adjudicó responsabilidad directa al presidente Javier Milei, denunció incumplimientos de deberes de funcionarios clave y apuntó contra el Poder Judicial por haber frenado medidas decisivas para la investigación.
En la sala 1 del Anexo A, y después de diez cuerpos de trabajo técnico y documental, los diputados cerraron la etapa parlamentaria con una conclusión de altísimo impacto institucional: recomendaron que el Congreso evalúe si Milei incurrió en mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.
Fuentes legislativas señalaron a PERFIL que el documento final fue elaborado por Juan Marino, Oscar Agost Carreño, Sabrina Selva, Fernando Carbajal, Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, con aportes de Itaí Hagman y Julia Strada. Uno de ellos resumió el objetivo: “Dejar claras las conclusiones políticas y después los puntos centrales de lo descubierto”.
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El rol de Milei, los antecedentes en criptos irregulares y el faltazo de los funcionarios
El informe al que accedió este medio afirma que la operatoria de $Libra no fue un episodio aislado. Según los diputados, existe un modus operandi previo, visible en la moneda digital de KIP Protocol lanzada en diciembre de 2024 y en las plataformas Vulcano y CoinX, donde también aparecen los nombres de Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y el propio Presidente, en roles de promoción o intermediación.
La interpelación del ex jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ocupa un lugar decisivo. En su visita del 30 de abril, reconoció que no hubo consulta a áreas técnicas ni jurídicas antes del tuit presidencial que impulsó el token: “No ha habido una evaluación del Gobierno”. Para la Comisión, esa omisión configura una violación a la Ley de Ética Pública y rompe cualquier estándar de control institucional.
Ferraro lo expuso con crudeza en la reunión: “El Presidente habría promovido un emprendimiento privado. Usó su investidura para beneficios privados”. También señaló la “falta total de cooperación” del Ejecutivo y mencionó el incumplimiento de deberes por parte de Alejandro Melik, Florencia Zicavo, Mariano Cúneo Libarona, Paulo Starc y Roberto Silva, todos citados y nunca presentados ante la Comisión.
Las intervenciones posteriores endurecieron aún más el tono. El diputado de UxP Juan Marino habló de “una estafa planificada” y recordó que los informes técnicos indican que el 80% de las billeteras perdió dinero, mientras solo un grupo mínimo obtuvo ganancias millonarias. El legislador de Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño, destacó que los movimientos de fondos entre Davis, Novelli y Terrones replican un esquema de “rug-pull (tirón de alfombra)” que solo se volvió posible tras el impulso del tuit presidencial.
El informe también incorpora cifras que dimensionan la maniobra: según exchanges internacionales y Ripio, 114.410 billeteras perdieron dinero con $LIBRA y al menos 1.329 argentinos operaron el token. Para los diputados, la conducta del precio —primero un salto abrupto, luego un desplome en minutos— se ajusta al patrón clásico del rug pull.
Tensiones y denuncias de la comisión a la Justicia
Uno de los capítulos más ásperos del informe está dedicado a la Justicia. Los diputados describen la actuación del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi como “obstruccionista”, al recordar que negó el acceso al expediente, rechazó medidas de prueba relevantes y descartó avanzar sobre Novelli y Terrones, pese a los indicios de movimientos posteriores al congelamiento de activos.
Esa conducta derivó en un pedido de jury de enjuiciamiento contra el magistrado y contra el fiscal Eduardo Taiano, quien acompañó las negativas. La Comisión sostiene que el accionar conjunto privó al Congreso del auxilio judicial necesario para reconstruir la operatoria financiera y bloqueó el control institucional previsto por la Constitución.
La tensión se reavivó este lunes cuando Ferraro, Selva, Frade y Marino visitaron la Fiscalía Nº 3 y entregaron nueva documentación. Según supo PERFIL, ese material incluye datos vinculados a posibles pagos indirectos a funcionarios públicos dentro del entramado de billeteras investigado en la causa.
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El documento también resalta el impacto internacional del caso, donde la jueza Jennifer Rochon, del Distrito Sur de Nueva York, sostuvo en una resolución reciente que los fondos congelados —unos 57,5 millones de dólares— “podrían pertenecer” a Milei, a su hermana Karina o a Hayden Davis. Para los diputados, esa frase generó un daño reputacional inmediato para la Argentina en litigios externos.
Las conclusiones finales de la Comisión Investigadora y el ninguneo de LLA
El informe final quedó estructurado en tres ejes: político, legislativo y judicial. En el primero, la Comisión sostiene que corresponde que el Congreso evalúe el mal desempeño presidencial, al considerar acreditado que Milei utilizó la investidura para promocionar un proyecto financiero privado, omitió consultas a organismos técnicos y repitió conductas similares en episodios anteriores.
En el apartado legislativo, recomienda avanzar con reformas sobre ética pública, registro de audiencias, regulación de proveedores de activos virtuales, funcionamiento de la Comisión Nacional de Valores y uso institucional de redes sociales. También propone la creación de una Oficina de Investigaciones del Congreso, destinada a robustecer el control político sin depender del Ejecutivo ni del Poder Judicial.
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El bloque judicial del informe dispone remitir todo el expediente al juzgado y a la fiscalía que llevan la causa, avanzar con denuncias penales contra Melik, Zicavo, Cúneo Libarona, Starc y Silva por incumplimiento de deberes y continuar todas las vías procesales hasta agotarlas, incluida la presentación de nuevos recursos ante tribunales superiores.
La Comisión sostiene que la secuencia de hechos reconstruida exhibe fallas graves en los mecanismos internos de control del Estado y una conducta presidencial incompatible con los estándares de la función pública. Y cierra la investigación con una pregunta que reabre el tablero político: ¿violó el Presidente los límites institucionales al promover un activo financiero privado que terminó en una presunta estafa masiva?
Para la Casa Rosada, ese interrogante se convierte desde hoy en un frente legislativo inevitable que el Congreso deberá resolver con el informe más contundente del año ya sobre la mesa.
Durante el desarrollo de la comisión, el oficialismo aludió a la falta de firmas reglamentarias para un dictamen (15, es decir, la mitad más uno de los miembros del cuerpo), mientras que la oposición argumentó que no se trataba de un «dictamen» sino de un «informe» que no necesita de una cantidad de firmas (tienen 14).
«No hemos escuchado testigos, no han sido peritos porque no hicieron pericias, son especialistas», acusó el diputado libertario Nicolás Mayoraz. Y agregó: «La Justicia les negó el uso de la fuerza pública porque no es su tarea. La cámara deja una enseñanza que debe aprender esta comisión: el magistrado debe guardar las garantías que pueden ser vulneradas. Están vulnerando garantías constitucionales».
Por ello, consideró un «delirio» y un «capricho de los diputados kirchneristas» la investigación de la comisión.
JD / DCQ