El grave accidente ocurrido en avenida Mitre al 300, frente al colegio Tulio García Fernández, no solo dejó heridos y escenas de angustia, sino que volvió a exponer un problema estructural del transporte público en San Miguel de Tucumán: empresas que cobran subsidios, reclaman aumentos, pero no responden cuando ocurre una tragedia.

Tras el siniestro que involucró a un colectivo de la línea 8, pasajeros denunciaron abandono total por parte de la empresa, cuyo titular es Sergio Gómez Sansone, y también de la aseguradora, que —según los testimonios— nunca se presentó para asistir a los heridos ni hacerse cargo de los gastos médicos.

🗣️ “Nos dejaron solos”
Uno de los relatos más contundentes es el de Verónica, pasajera del colectivo, quien difundió un audio en el que afirma que ningún representante de la empresa ni del seguro se acercó tras el choque. Los heridos, denuncia, tuvieron que pagar de su propio bolsillo medicamentos y atención médica, a pesar de tratarse de un siniestro ocurrido en un servicio de transporte público.

La situación es aún más grave si se tiene en cuenta que Verónica viajaba con su hermana Brensa, una persona con discapacidad que está bajo su cuidado. Ni siquiera ante esta condición hubo asistencia o contención.

🚫 Empresas sin rigor, controles ausentes
Mientras tanto, desde el municipio, la intendenta Rossana Chahla promete ser “rigurosa” con las aplicaciones de transporte como Uber, Didi o Cabify, pero no aplica el mismo nivel de exigencia con las empresas de colectivos, que continúan funcionando con subsidios millonarios, pedidos constantes de aumento del boleto y servicios cada vez más cuestionados.

El contraste es evidente:
➡️ Rigor para las apps
➡️ Permisividad para empresas concesionarias que no garantizan seguridad, asistencia ni responsabilidad

⚠️ Una pregunta incómoda
¿Quién controla realmente a las empresas de transporte en Tucumán?
¿Quién exige que respondan cuando hay heridos?
¿Quién se hace cargo cuando los pasajeros quedan abandonados tras un accidente?

Hasta el momento, no hubo explicaciones públicas ni de la empresa de la línea 8 ni de la aseguradora. Tampoco se conocieron sanciones ni anuncios de auditorías por parte del municipio.