Francisco Oneto, abogado personal de Javier Milei y figura clave del dispositivo libertario, vuelve a quedar en el centro de la polémica. Antes de ocupar un rol estratégico en el Gobierno, fue defensor en una de las causas más emblemáticas de impunidad sexual en Chubut: la violación grupal de una adolescente en Playa Unión, en 2012. Testimonios judiciales y denuncias de la querella lo señalan por ejercer violencia y hostigamiento contra víctimas y testigos, en un proceso que terminó con la absolución de los acusados y que hoy permanece paralizado en la Corte Suprema provincial.

En el universo libertario, Oneto se ganó un lugar central. Hoy es el hombre de confianza del Presidente tras la salida de Diego Spagnuolo, implicado en el escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y ya acompañó al mandatario en varios frentes judiciales. Su trayectoria está atravesada por defensas que exhiben su estilo agresivo, con tintes misóginos, y sus vínculos directos con sectores de poder.

Quién es Francisco Oneto, el polémico abogado de Milei

Otro de sus clientes más notorios es Federico “Fred” Machado, empresario acusado en Estados Unidos de lavar 550 millones de dólares del narcotráfico. Antes, Oneto fue el abogado de uno de los tres jóvenes acusados por la violación grupal en Playa Unión, Chubut, en 2012 —mal llamada ‘La Manada’ mediáticamente— un caso que terminó en absolución en 2022 y que todavía resuena por la violencia institucional que sufrió la víctima.

En tribunales lo definen como un abogado “mediático”, más atento a la repercusión pública que al rigor técnico, pero eficaz en un terreno que domina: la teatralidad de las audiencias.

La violación grupal de Chubut: absoluciones y pactos de silencio

El 22 de septiembre de 2012, en una fiesta por el Día de la Primavera en Playa Unión, una adolescente de 16 años fue víctima de una violación grupal. Eran cinco los señalados, pero solo tres llegaron a juicio: Luciano Mallemaci, Marcelo Ezequiel Quintana y Leandro Villar. El caso recién empezó a investigarse siete años más tarde, después de que la joven decidiera contar en redes sociales lo que había vivido.

Diez años después, el tribunal integrado por las juezas Ana Karina Breckle, Marcela Alejandra Pérez y María Laura Martini dictó la absolución. Según su interpretación, la víctima —cuyo nombre se reserva— no estaba lo suficientemente alcoholizada como para no consentir. La decisión se tomó a pesar de los testimonios que la describieron tambaleante, vomitando, desplomada en el piso y saliendo desnuda al patio sin poder vestirse sola. Para las juezas, aun con esas evidencias, “faltaban pruebas”.

En diálogo con PERFIL, la abogada querellante Verónica Heredia, reconocida por su labor en el caso Santiago Maldonado, denunció: “Este fue un caso adelantado a lo que hoy es cotidiano: abogados con vinculación directa con el poder, en ese momento eran los hijos del poder y un sistema judicial diseñado para garantizarles impunidad. Fue un proceso atravesado por violencia institucional. La víctima ya había atravesado la violencia sexual y encima se encontró con un tribunal que habilitó el hostigamiento de la defensa”.

Heredia recuerda que las juezas no pusieron límites a los métodos de Oneto y su socio Roberto Rallin: “Oneto desplegaba violencia contra testigos y víctimas. Hostigaba, agredía, buscaba quebrarlas. Mientras tanto, hacía llorar a los acusados, la misma metodología que después vimos con Machado. Una de las juezas hasta llegó a secarse las lágrimas en plena audiencia. Todo se hizo bajo un pacto de silencio de varones”.

El fallo, apelado ante la Corte Suprema de Chubut, podría derivar en un nuevo juicio. Pero la abogada alerta sobre la influencia política del defensor: “Estamos preocupadas porque vemos cómo la causa quedó paralizada en la Corte. Hace dos años que la Corte Suprema no se expide, y lo mismo pasa con Machado y su extradición. ¿Qué poder tiene este abogado que logra frenar expedientes tan sensibles?”.

Oneto es reconocido por judicializar la violencia. Según Heredia, en Chubut pidió reiteradas veces que el juicio fuera a puertas cerradas y que la prensa no pudiera cubrirlo. Exigió sanciones contra la querella por hablar con los medios y presionó para que la causa se mantuviera en secreto.

Estrategias de impunidad y proyección política

En paralelo, Oneto tejió una narrativa que combina tecnicismos con golpes emocionales. En Chubut, logró conmover al tribunal de mujeres con las lágrimas de los acusados; en el caso Machado, lo presentó como un empresario “que suplicaba” para evitar la extradición a Estados Unidos.

En política —casualmente— la escena se repitió: José Luis Espert, vinculado a Machado, lloró en entrevistas defendiéndose de las acusaciones. Y en otro frente mediático, Oneto asumió la defensa de Máximo Thomsen, uno de los rugbiers condenados a prisión perpetua por el asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell y de Leonardo Cositorto, líder de Generación Zoe, condenado a 11 años de prisión por asociación ilícita y estafas.

El denominador común, según la abogada Heredia, es un pacto que busca blindar a los acusados y responsabilizar a las víctimas: “Todos los días se solidarizaban con el fiscal Fernando Rivarola, que llegó a decir que la violación había sido un desahogo sexual. Ese pacto de impunidad lo lideraba Oneto”.

Su carrera, sin embargo, no se limita a los tribunales. En 2023 fue candidato a vicegobernador bonaerense por La Libertad Avanza (LLA) en la fórmula encabezada por Carolina Píparo. Ese salto político consolidó su cercanía con Javier Milei y lo instaló como figura clave en el dispositivo libertario.

Hoy Oneto capitaliza esa experiencia en el corazón del Gobierno. Se convirtió en el apoderado judicial del Presidente, lo defendió en denuncias por calumnias, lo representó en la polémica por la criptomoneda $Libra y hasta buscó frenar causas mediáticas con recursos que rozan la irregularidad.

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Pero su exposición pública no se limita al ámbito judicial. Oneto alimenta su perfil con declaraciones homofóbicas, misóginas y autoritarias: llegó a plantear que “los homosexuales deben ser curados”, que “la mujer debe quedarse en la casa” y que frente a protestas sociales corresponde decretar el estado de sitio. En septiembre redobló la apuesta al reivindicar el “Proceso”, lo que despertó alarma por la apelación implícita a la dictadura.

El recorrido de Oneto combina provocación mediática, vínculos políticos y defensa de imputados por delitos graves. Su rol en el caso de Chubut, la estrategia en el expediente de Machado y la cercanía con Milei muestran una matriz de impunidad que se sostiene en pactos masculinos, presión institucional y un sistema judicial permeable al poder político.

Heredia lo sintetiza en una frase: “La violencia institucional se sumó a la violencia sexual. Fue un proceso donde la defensa pudo desplegar impunidad a costa de la víctima. Eso es lo que hoy vemos en escala nacional: un poder que se blinda a sí mismo”.

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