Estafa con planes sociales: se acerca el pedido de condenas y de recuperación del dinero
La Justicia fijó para el 25 de noviembre el inicio del juicio de cesura por el que se debatirán las penas que deberán cumplir los condenados por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, con dineros destinados a Planes Sociales. La fiscalía intentará obligar a los condenados a que restituyan los fondos robados.
Durante el juicio de responsabilidad –en el que también se excluyó la figura de la asociación ilícita- el tribunal declaró culpables de administración fraudulenta agravada a Orlando Abel Di Luca –ex ministro de Desarrollo Social durante el gobierno de Omar Gutiérrez-, Ricardo Soiza –ex director de Planes Sociales-, Tomás Siegenthaler, Néstor Pablo Sanz, Luis María Gallo, Laura Reznik Mastronardi y Julieta Oviedo. También fueron condenados como partícipes primarios del mismo delito Valeria Honorio, Isabel Montoya, Marcos Osuna, Emmanuel Victoria Contreras y Alfredo Cury.
Para la instancia de imposición de penas, el fiscal jefe Pablo Vignaroli y el fiscal de Estado, Gustavo Kohon van a solicitar que sean de cumplimiento efectivo. Pero se prevé un debate intenso cuando los acusadores requieran el decomiso de bienes que, presuntamente, fueron adquiridos con los fondos indebidamente apropiados de los Planes Sociales. Todas las defensas ya anticiparon que se opondrán, habida cuenta que el tribunal de juicio le atribuyó a la fiscalía no haberlo podido probar.
El equipo del Ministerio Público Discal, comandado por Pablo Vignaroli y el fiscal de caso Juan Manuel Narváez, presentará 31 testigos y dos peritos contables.
Como prueba se presentará un expediente que data del 2016 en el que estuvo involucrado el fallecido líder piquereto de Centenario “Héctor Zapallito” Molina y también a Isabel Montoya, a quien se le atribuyó haber adquirido un lote en un barrio privado. La defensa, en tanto, presentará sus objeciones en una audiencia previa prevista para el 14 de noviembre.
En la lista de testigos que aportará la fiscalía figuran funcionarios y especialistas: el presidente del Tribunal de Cuentas, Juan Pablo Dirr; el juez electoral, Jorge Sepúlveda; el abogado de la Fiscalía de Estado, Ismael Bras y las contadoras Agustina Martínez y Melisa Benítez, autoras de la pericia contable que será determinante en esta etapa. También se sumará un legajo del año 2019, vinculado al mediático abogado Alfredo Cury, condenado, autodefensor y también de Ricardo Soiza.
El fallo del tribunal integrado por Luciano Hermosilla, Juan Kees y Juan Guaita incluyó dos reveses para la acusación: por un lado descartó que se haya tratado de una asociación ilícita porque la fiscalía no la logró acreditar, y por otro también le cuestionó a los acusadores que no pudieron comprobar la hipótesis de que los imputados hayan sacado provecho personal del fraude. “El decomiso de bienes requiere demostrar un enriquecimiento ilícito concreto, lo que hasta ahora no ha sido acreditado” afirmaron los magistrados.