Desde hace varios meses, en Córdoba comenzó a gestarse una movida que busca influir directamente en la agenda económica nacional. Empresarios, economistas, abogados, tributaristas, especialistas en previsión, consultores y representantes de distintas cámaras sectoriales se están articulando en torno a una idea común: generar y empujar reformas estructurales que vuelvan más competitiva a la economía argentina. Uno de los referentes de ese impulso es el titular de la consultora Economic Trends, el economista Gastón Utrera, quien también es director del Instituto de Política Económica de la Universidad Siglo 21. Utrera viene presentando los lineamientos de estos proyectos en distintos espacios -el Diario Perfil ha publicado muchas de sus iniciativas- y esta semana volvió a plantear la agenda de reformas ante un grupo de empresarios en un desayuno de trabajo organizado por Punto a Punto Grupo de Medios.

“Si no lo hacemos nosotros, desde el sector privado, no lo va a hacer nadie”, dijo Utrera durante su exposición. Su planteo es claro: aprovechar el momento político —con la promesa de reformas estructurales que el gobierno nacional insinúa, pero aún no concreta— para elaborar propuestas precisas, con base técnica y consenso empresarial, que puedan presentarse formalmente ante el Congreso y el Consejo de Mayo, el espacio institucional creado por el gobierno de Javier Milei para canalizar los acuerdos de largo plazo.

Una agenda de productividad. El punto de partida del trabajo es la reforma laboral, una de las más sensibles. Pero Utrera busca despegarla del discurso de “ajuste” o “flexibilización”. “Nuestra reforma tiene que bajar el costo del proceso productivo, no tocar derechos de los trabajadores, y no meterse con intereses sindicales que tengan buenos argumentos para oponerse”, subrayó.

En esa línea, el economista enumeró una serie de artículos concretos de la Ley de Contrato de Trabajo que, según su diagnóstico, generan costos excesivos, incentivan la litigiosidad y frenan la innovación. Entre ellos, mencionó la necesidad de modificar el artículo 212 (que regula las indemnizaciones por incapacidad y enfermedad), ajustar el 103 (para permitir esquemas de incentivos por productividad sin que se conviertan en remuneraciones permanentes), y revisar el 66, que hoy limita los cambios en los procesos productivos o turnos laborales.

También propuso reducir la cantidad de delegados gremiales exigida por la Ley 23.561, sancionada en 1988, cuando —según argumentó— las condiciones de comunicación en las empresas eran completamente distintas. “No tiene sentido mantener la misma cantidad de representantes gremiales que en una época en la que no había correo electrónico ni celulares”, sostuvo. Según sus cálculos, solo esa adecuación permitiría bajar hasta un 12% los costos laborales en las pymes más intensivas en mano de obra.

Reforma laboral con consenso sindical. A diferencia de otras propuestas de corte liberal, el enfoque de Utrera busca involucrar a los sindicatos en la discusión. “Estamos trabajando con representantes gremiales para identificar qué puntos son razonables de modificar. No se trata de ir contra los trabajadores ni de eliminar derechos, sino de adecuar la normativa a la realidad productiva actual”, explicó.

De hecho, el grupo ya inició conversaciones con Jorge Sappia, el reconocido laboralista, y con diputados de extracción sindical. Además, las propuestas ya fueron puestas por escrito, artículo por artículo, y se están circulando entre entidades empresarias y legisladores con el objetivo de lograr un documento unificado que cumpla tres condiciones: que reduzca costos, no afecte derechos laborales y sea políticamente viable.

“Tenemos que ser inteligentes para no dejar que los sindicatos bloqueen las reformas con buenos argumentos. Si planteamos la salida de los convenios colectivos, nos van a voltear todo. Tenemos que ir por lo que es razonable, posible y defendible”, apuntó Utrera.

Más allá de lo laboral. La agenda elaborada en Córdoba también incluye una reforma tributaria y otra previsional, con un enfoque en la eliminación de distorsiones que afectan directamente a la producción.

En materia impositiva, el grupo retoma una idea que el exministro Osvaldo Giordano ya había planteado: cambiar impuestos “malos” por impuestos “buenos”, en lugar de simplemente bajarlos. “No se trata solo de usar la motosierra. Hay que sacar los tributos que encarecen los costos de producción, aunque formalmente sean buenos impuestos”, explicó Utrera.

En ese sentido, mencionó el caso del IVA técnico que muchas empresas no pueden recuperar —por exportar o tener alícuotas reducidas—, lo que equivale a financiar al Estado a tasa cero. También apuntó contra los anticipos de Ganancias, las retenciones automáticas y el impuesto al cheque, que terminan convirtiéndose en costos no recuperables para miles de pymes.

“Tenemos que pensar una reforma tributaria que sea a prueba de inflación. No puede ser que los quebrantos o créditos fiscales se licúen año a año. Eso es lo que distorsiona la competitividad”, agregó.

En cuanto a la reforma previsional, el diagnóstico parte de una realidad sectorial: la heterogeneidad de los regímenes especiales. “No podemos resolver todo con una fórmula de edad única. Hay sectores donde la carga física sigue siendo altísima, y otros donde las condiciones cambiaron radicalmente. Si no lo planteamos desde las empresas, lo van a resolver mal desde un escritorio en Buenos Aires”, dijo.

Una “reforma financiera” pendiente. Utrera propuso además una cuarta línea de acción: una reforma financiera. Según explicó, el sistema de crédito argentino está “lleno de resoluciones del Banco Central y de la CNV que complican la financiación de las empresas”. La idea es elaborar una propuesta integral que elimine esas trabas normativas y facilite el acceso al financiamiento productivo. “Hay que revisar todo: resoluciones, reglamentaciones y artículos del Código Civil que encarecen innecesariamente la financiación”, advirtió.

El camino institucional. Las propuestas elaboradas por el grupo serán canalizadas a través del Consejo de Mayo, el órgano creado por el gobierno de Milei para acordar políticas de Estado en materia de reformas estructurales. Allí, según explicó Utrera, las dos figuras clave son Martín Rappallini (UIA) y Gerardo Martínez (UOCRA), representantes de los sectores empresario y sindical respectivamente.

“El gobierno ya les dijo a ambos que, si ellos se ponen de acuerdo, esas son las reformas que se van a impulsar. Por eso, estamos trabajando para que nuestras propuestas lleguen con consenso previo, con las cámaras firmando y los sindicatos razonando los puntos de coincidencia”, explicó.

Para Utrera, el desafío central es que el sector privado deje de esperar que las reformas lleguen desde arriba. “El Estado no va a diseñar la reforma que necesita el sector productivo. Tiene que salir de nosotros, con precisión técnica y consenso político”, planteó.

La estrategia es trabajar simultáneamente en tres planos: elaborar técnicamente las propuestas, lograr la adhesión de las cámaras empresarias y abrir canales de diálogo con sectores sindicales y legislativos. “Tenemos que dejar el rol testimonial. No alcanza con quejarse o esperar. Hay que empujar con inteligencia y con realismo”, concluyó.