Emerenciano Sena y Marcela Acuña también irán a juicio por lavado de activos con fondos públicos
El fiscal federal Patricio Sabadini formalizó el requerimiento de elevación a juicio contra Emerenciano Sena y Marcela Acuña, acusados de haber desplegado durante años un entramado financiero para ingresar al circuito legal fondos presuntamente obtenidos de manera ilícita, mediante contratos con el Estado, adquisición de bienes y operaciones a través de la Fundación Doctor Saúl Andrés Acuña. La acusación sostiene que el matrimonio lavó dinero público durante más de una década y utilizó esas maniobras para consolidar poder político y patrimonial en la provincia del Chaco. Según el dictamen, la conducta desplegada por los dirigentes se encuadra en el delito de lavado de activos previsto en el artículo 303 del Código Penal, agravado por la habitualidad, en calidad de coautores.
La presentación de Sabadini llega en un contexto judicial clave: en menos de un mes comenzará el juicio oral por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la joven desaparecida y asesinada en junio de 2023, cuya causa tiene como principales acusados a César Sena, hijo de Emerenciano y Acuña, junto a sus padres y otros miembros del entorno familiar. El debate será bajo la modalidad de jurado popular, con audiencias programadas para el 28, 29, 30 y 31 de octubre y continuará en noviembre con declaraciones testimoniales, presentación de pruebas, alegatos y la lectura del veredicto. La jueza técnica del proceso será la camarista Dolly Fernández, quien desde mayo supervisa las audiencias preliminares.
En el extenso requerimiento, Sabadini reconstruye un circuito de operaciones financieras, contratos estatales y movimientos patrimoniales incompatibles con los ingresos declarados por los imputados. A lo largo de la investigación, el Ministerio Público determinó que Sena y Acuña incorporaron a su patrimonio camionetas, camiones, inmuebles urbanos y rurales e incluso realizaron viajes internacionales que no podrían justificarse con sus sueldos como empleados públicos ni con las actividades económicas registradas. Además, la Fundación Doctor Saúl Andrés Acuña, creada y dirigida por ambos, funcionó como el vehículo central de estas maniobras: durante años recibió millones de pesos en transferencias del Estado provincial, en muchos casos retirados casi en su totalidad en efectivo por Sena, sin trazabilidad del destino final del dinero.
Una de las claves de la acusación es el análisis de los estados contables de la fundación correspondientes al ejercicio 2022, donde se detectó un abultamiento fraudulento de gastos. En el rubro “Mano de obra por convenio y materiales” se consignaron más de $120 millones en erogaciones, un aumento del 454% respecto al año anterior, pese a que los ingresos facturados apenas alcanzaron los $50 millones. Algo similar ocurrió con los “Gastos del personal del centro de salud”, que se multiplicaron por cinco sin relación con los fondos recibidos del Ministerio de Salud. Para el fiscal, estas irregularidades fueron diseñadas deliberadamente para blanquear fondos desviados de la administración pública y otorgarles apariencia de legalidad.
Las investigaciones también revelaron el uso de fondos estatales para fines ajenos a los convenidos. En 2023, el IAFEP transfirió a la fundación anticipos por $48 millones para la construcción de 40 viviendas sociales, pero una inspección oficial constató que las obras no habían comenzado. Al ser intimada, la fundación respondió que no tenía dinero disponible y ofreció en pago un camión Mercedes Benz comprado pocos meses antes con un aporte no reintegrable del propio IAFEP. Además, la intervención de la fundación detectó un faltante de $62,7 millones, lo que derivó en su disolución y liquidación. A esto se suman contratos con otros organismos estatales, como el Ministerio de Infraestructura, el Ministerio de Desarrollo Social, Lotería Chaqueña y el Instituto de Vivienda, por cifras millonarias.
La acusación sostiene que el entramado financiero liderado por Sena y Acuña no solo tuvo como objetivo ocultar el origen ilícito de los fondos, sino también infiltrarse en la economía formal, consolidar poder político y extender el control del movimiento piquetero que lideran. El fiscal remarcó que estas maniobras no son hechos aislados sino parte de un patrón sistemático y prolongado, lo que justifica la aplicación del agravante de “habitualidad”. “Las acciones de los imputados se repitieron en el tiempo desde al menos 2015, mediante adquisiciones sucesivas de vehículos e inmuebles y la simulación contable de gastos inexistentes”, detalla el requerimiento.
Sabadini también destacó que el delito de lavado de activos no requiere la condena previa por el ilícito antecedente: basta con acreditar que los bienes tienen un origen delictivo y que se intentó otorgarles apariencia lícita. En este caso, los indicios son múltiples: los ingresos declarados no guardan relación con el nivel patrimonial exhibido; se detectaron transferencias millonarias desde organismos públicos sin rendición comprobable; y hubo retiro sistemático de fondos en efectivo sin justificación. Además, la investigación determinó que parte del dinero provenía de un sistema de clientelismo político basado en la entrega de subsidios, adjudicación de tierras y financiamiento de cooperativas ligadas al movimiento de Sena, que en los últimos años recibió más de $900 millones.
El requerimiento fiscal no se limita a describir las maniobras financieras: también contextualiza la actuación de Sena y Acuña dentro de un entramado político, económico y judicial más amplio. Ambos fueron procesados en febrero de 2024 en otra causa por trata de personas con fines de explotación laboral, agravada por la participación de varias personas y por el número de víctimas, y enfrentan denuncias por fraude a la administración pública. Asimismo, la investigación menciona que parte de los implicados, incluidos Sena, Acuña, Gustavo Obregón y Fabiana González. fueron candidatos en las últimas elecciones provinciales como aliados del gobierno anterior, lo que refuerza la hipótesis de una relación estructural entre poder político y enriquecimiento ilícito.
Con un voluminoso plexo probatorio que incluye informes de AFIP, UIF, Gendarmería, Registros de la Propiedad, escribanos, bancos, organismos estatales y peritajes contables, Sabadini considera acreditados los elementos necesarios para llevar el caso a juicio.