En lo que marca un cambio radical para la mirada de las instituciones de derechos civiles en Estados Unidos, la administración de Donald Trump empezó a alentar activamente a «hombres blancos a presentar demandas por discriminación en sus lugares de trabajo». Esta maniobra representa la última y más agresiva fase en la campaña del gobierno republicano para desmantelar las iniciativas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) que han regido las últimas deçadas en el ámbito corporativo y federal.

Andrea Lucas, presidenta interina de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC), utilizó la red social X (ex Twitter) para oficializar la convocatoria directa: «¿Es usted un hombre blanco que ha sufrido discriminación en el trabajo por su raza o sexo? Es posible que tenga derecho a reclamar dinero bajo las leyes federales».

El mensaje de la funcionaria no deja lugar a dudas sobre la nueva orientación de la administración Trump en el tema: «La EEOC se compromete a identificar, atacar y eliminar TODA discriminación racial y sexual, incluso contra los empleados y solicitantes hombres blancos». Este posicionamiento contrasta históricamente con la misión original del organismo, creado al amparo de la Ley de Derechos Civiles de 1964 con el objetivo principal de combatir el racismo y el sexismo, Sin embargo, desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump reorientó la maquinaria estatal para atacar los programas DEI, argumentando que perjudican a la mayoría blanca del país.

La ofensiva cuenta con el respaldo explícito de las más altas esferas del poder. El vicepresidente JD Vance compartió una columna de un guionista de Hollywood que alegaba haber sido rechazado por ser blanco y joven: «El DEI fue un programa deliberado de discriminación principalmente contra los hombres blancos». Andrea Lucas respaldó esta visión, asegurando que las élites no solo ignoraron este supuesto problema, sino que «lo celebraron».

Bajo la gestión de Lucas, la EEOC modificó su página web para enfatizar la «discriminación relacionada con la DEI», etiquetando a estos programas como “parte de la cultura woke«. Además de la cuestión racial, la agencia puso la mira en la protección de los «trabajadores estadounidenses» frente a la mano de obra extranjera. «Muchos empleadores tienen políticas y prácticas que prefieren a extranjeros ilegales, trabajadores migrantes o titulares de visas de trabajadores invitados sobre los trabajadores estadounidenses», denunció Lucas.

A su vez, reportes locales indican que la agencia dejó de investigar las denuncias de discriminación laboral presentadas por personas trans, un colectivo que estuvo en el centro de los ataques culturales de la administración Trump. El objetivo parece ser redefinir el concepto de «derechos civiles» para proteger lo que el gobierno considera el grupo verdaderamente vulnerado por las políticas progresistas de las últimas décadas: el trabajador estadounidense blanco.

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La realidad estadística detrás de las denuncias

A pesar de la nueva narrativa oficial que sitúa al hombre blanco como la principal víctima del sistema, los datos duros sobre el mercado laboral estadounidense muestran una realidad diferente. Según un estudio de la Universidad de Massachusetts Amherst, la proporción de empleados afroamericanos que presentan denuncias formales por discriminación ante la EEOC es 195 veces mayor que la de los empleados blancos, lo que sugiere que las barreras estructurales tradicionales siguen siendo el conflicto predominante.

Las disparidades también se mantienen vigentes en términos de género, más allá de la percepción de una ventaja injusta hacia las mujeres impulsada por el discurso anti-DEI. Datos del Pew Research Center revelaron que, durante el último año, las mujeres ganaron en promedio el 85% de lo que ganaron los hombres, una brecha salarial que persiste a pesar de décadas de legislación igualitaria.

El giro político ignora estas métricas para centrarse en casos individuales de «discriminación inversa», buscando sentar precedentes legales que inhabiliten los programas de diversidad. Al priorizar los reclamos de la mayoría demográfica y económica, la Casa Blanca apuesta a transformar una herramienta legal nacida de la lucha por los derechos civiles en un instrumento para consolidar su base electoral y desarticular las políticas de inclusión.

TC/ML