Este martes, la Cámara de Diputados de Italia convirtió en ley un decreto impulsado por el gobierno de Giorgia Meloni que limita la transmisión de la ciudadanía italiana a descendientes de emigrantes. La medida, que ya había sido aprobada por el Senado el 15 de mayo, busca frenar el creciente número de solicitudes desde el extranjero, en particular desde países como Argentina y Brasil.

La reforma establece que, a partir de ahora, los italianos nacidos en el exterior no podrán transmitir automáticamente la ciudadanía a sus hijos. Solo podrán acceder a la nacionalidad quienes tengan un padre o madre, o un abuelo o abuela nacidos en Italia y que no posean otra nacionalidad. Además, se contempla la posibilidad de obtenerla si el progenitor residió al menos dos años consecutivos en Italia antes del nacimiento del solicitante.

Hasta antes de esta modificación, la ley vigente desde 1992 permitía el reconocimiento de la ciudadanía italiana por descendencia sin límite generacional. Esta apertura había facilitado que muchos argentinos con antepasados italianos accedieran al pasaporte europeo. Con la nueva normativa, solo serán consideradas las solicitudes presentadas con documentación completa hasta el 27 de marzo de 2025, antes de las 23.59, hora de Roma.

El gobierno italiano argumenta que la reforma busca evitar que descendientes de italianos tramiten la nacionalidad únicamente para obtener los beneficios del pasaporte europeo, sin mantener un vínculo real con Italia. Se estima que casi un millón de italianos residen en Argentina, en su mayoría descendientes de la masiva emigración italiana de principios del siglo XX.

La medida generó preocupación entre los argentinos que se encuentran tramitando su ciudadanía italiana, ya que muchos de ellos podrían quedar excluidos bajo las nuevas restricciones. La comunidad italiana en Argentina, una de las más numerosas fuera de Italia, se ve así directamente afectada por esta reforma que redefine los criterios de pertenencia a la nación italiana.