El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que a partir de la próxima semana se prohibirá la entrada al país a ciudadanos de 12 países: Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Además, se aplicarán restricciones adicionales a ciudadanos de otras siete naciones: Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela. La medida entrará en vigor el lunes a las 00:01 horas locales.

Según informó la Casa Blanca, la decisión se fundamenta en la Orden Ejecutiva 14161, emitida el 20 de enero de 2025, bajo el título “Protegiendo a Estados Unidos de Terroristas Extranjeros y Otras Amenazas a la Seguridad Nacional y Pública”. En un comunicado oficial, Trump afirmó: “Restauraremos la prohibición de viaje, algunos la llaman la prohibición de viaje de Trump, y mantendremos fuera de nuestro país a los terroristas islámicos radicales, como lo ratificó la Corte Suprema”.

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La proclamación contempla excepciones para residentes legales permanentes, titulares de visados vigentes, ciertas categorías de visados y personas cuya entrada responda a intereses nacionales de Estados Unidos. La administración Trump sostiene que la protección de la población estadounidense exige medidas que impidan el ingreso de personas que puedan representar una amenaza.

La Casa Blanca justificó la medida citando deficiencias en los sistemas de control y verificación de los países afectados, así como altas tasas de permanencia irregular de sus ciudadanos en Estados Unidos. Por ejemplo, en el caso de Afganistán, se señaló que el 9,70% de los titulares de visados de negocios o turismo (B1/B2) y el 29,30% de los estudiantes y visitantes de intercambio (F, M, J) permanecieron en el país más allá del período autorizado en el año fiscal 2023.

Esta nueva política migratoria generó críticas por parte de organizaciones de derechos civiles, que la califican de discriminatoria y basada en prejuicios. Sin embargo, la administración Trump defiende la medida como una acción necesaria para garantizar la seguridad nacional y proteger a los ciudadanos estadounidenses de posibles amenazas externas.