El conflicto universitario vuelve a escalar. A pesar de que el Congreso sancionó la Ley de Financiamiento Universitario y rechazó el veto presidencial, el Gobierno de Javier Milei aún no promulgó la normativa. Frente a ese escenario, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) resolvió convocar a una jornada nacional de protestas el martes 21 de octubre y a un paro general el miércoles 22. En simultáneo, la CONADU Histórica definió un paro por 48 horas en reclamo de la aplicación efectiva de la ley.

El pasado viernes, en un plenario que reunió a gremios docentes de todo el país, se resolvió por unanimidad llevar adelante medidas de fuerza para visibilizar la crisis del sistema universitario. “La situación es sumamente grave. A los salarios de pobreza se suma la sobrecarga laboral y la precarización de los cargos. Sabemos que es muy probable que el Gobierno suspenda la aplicación de la ley, como ya hizo con la de Emergencia en Discapacidad”, señaló el secretario general de CONADU, Carlos De Feo.

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La Ley de Financiamiento Universitario, sancionada durante el primer semestre de 2025, establece un régimen especial para garantizar el funcionamiento de las universidades, fondos para becas y una actualización salarial docente sujeta a paritarias o, en caso de desacuerdo, con incrementos no inferiores a la inflación.

Si bien el presidente Javier Milei había vetado la norma por “dificultades presupuestarias”, la oposición logró reunir los dos tercios en ambas Cámaras para revertir ese veto. Este lunes vencieron los plazos legales para su promulgación, y el Ejecutivo no avanzó con el trámite. La demora encendió las alarmas en el sector docente, que teme que la ley quede sin efecto, tal como ocurrió con la Ley de Emergencia en Discapacidad, promulgada pero no reglamentada por “falta de recursos”.

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El plenario de la CONADU reunió a representantes de más de 25 gremios de base, entre ellos, SIDIU, ADIUC, ADUNTREF, FEDUBA, ADUNIPE y ADUM, que coincidieron en la necesidad de “fortalecer la organización y el plan de lucha para frenar el desguace del sistema universitario y científico”.

Las actividades previstas incluyen clases públicas, asambleas, volanteadas y movilizaciones frente al Congreso, los ministerios y las principales plazas del país. “La falta de promulgación implica una grave vulneración de los derechos laborales y educativos”, advirtieron las federaciones, que insistieron en que el Gobierno debe cumplir con la ley votada por amplia mayoría en el Parlamento.

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