El trasfondo de esta medida judicial contra la expresidenta es la condena en la causa Vialidad, que incluyó una inhabilitación perpetua con la “privación del derecho electoral”. El fiscal nacional electoral, Ramiro González, ya había reclamado su exclusión del padrón al sostener que un exfuncionario inhabilitado para ejercer cargos públicos tampoco puede votar hasta que el Congreso legisle de manera específica. La jueza subrogante Mariel Borruto había declarado inconstitucionales ciertos artículos del Código Penal y del Código Electoral para avalar que la expresidenta emitiera su voto, pero esa interpretación fue anulada por la Cámara, que reafirmó la pérdida de su derecho al sufragio.

Así lo dispuso la CNE en el despacho 6973, al que tuvo acceso la Agencia NA.

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