La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas contra los principales responsables de la financiera ilegal “CBI Cordubensis”, que operaba como una cueva en Córdoba bajo apariencia de legalidad, vinculada al lavado de activos, evasión fiscal y financiamiento ilícito.

Con los votos de los jueces Alejandro Slokar y Javier Carbajo, el tribunal rechazó los recursos presentados por Eduardo Daniel Rodrigo, Aldo Hugo Ramírez, Julio César Ahumada, Oscar Américo Altamirano y Daniel Arnoldo Tissera, y ratificó sus penas por integrar una asociación ilícita. El juez Mariano Borinsky votó en disidencia por la absolución.

Según el fallo, los acusados lideraban una organización criminal que actuaba bajo la fachada de CBI Cordubensis S.A., una financiera clandestina que funcionaba en el shopping Dinosaurio Mall y en el centro de Córdoba. Allí se ofrecían servicios de cajas de seguridad y consultoría financiera, pero en realidad captaban ahorros del público, realizaban préstamos, operaciones cambiarias y descontaban cheques, al margen de los controles legales y con fuertes vínculos con la política y el empresariado local.

El caso se inició tras la aparición en 2014 del cadáver calcinado de Jorge Suau, vicepresidente de la firma, lo que destapó una trama de delitos económicos de gran escala. El tribunal destacó que CBI mantenía relaciones contractuales con el municipio cordobés —en el sistema Red Bus— y con ministerios provinciales, lo que permitió su funcionamiento irregular en el corazón del establishment.

La sentencia reafirma la responsabilidad penal de Rodrigo como jefe de la organización y del resto de los condenados como integrantes, por haber gestionado una entidad financiera paralela sin habilitación del Banco Central y que operaba con dinero negro de la política y la economía cordobesa.

La resolución subrayó además el daño al orden económico y la confianza pública, debido al impacto de la caída de la firma en miles de ahorristas.