Con familiares de víctimas en los palcos y un tenso debate, Diputados dio media sanción a la baja de imputabilidad a 14 años

La sesión en la Cámara de Diputados de este jueves 12 de febrero en la que el Gobierno logró darle media sanción a la Ley Penal Juvenil tuvo una presencial especial. En su discurso, el libertario Gabriel Bornoroni pidió la palabra y comenzó a mencionar, uno por uno, a los familiares de víctimas presentes en los palcos, y el recinto se puso de pie. Viviam Perrone e Isabel Yaconis, de Madres del Dolor; Adriana Álvarez, de USINA de Justicia; la familia Sperani; Laura Fernández; Romina Monzón y Virginia, madre y tía de Jeremías Monzón; Guillermo Bargna; Marcos Rodríguez, padre de Kim, entre otros.

“Me parece importante que en este debate sepamos que nos están acompañando”, dijo el jefe del bloque de La Libertad Avanza. Oficialistas y aliados respondieron con un aplauso sostenido. Desde Unión por la Patria, Cecilia Moreau saludó también la presencia de los familiares y recordó el Observatorio de Víctimas impulsado cuando Sergio Massa presidía la Cámara. Martín Menem cerró la escena con un saludo institucional desde la Presidencia. Afuera, sobre la vereda del Congreso, pasacalles con rostros de víctimas completaban el clima.

Adentro, después de más de ocho horas de sesión, el tablero marcó 149 votos afirmativos y 100 negativos. Sin abstenciones en la votación general. Por primera vez desde la restauración democrática, la Cámara Baja aprobó en el recinto la reducción de la edad de imputabilidad, que pasará de 16 a 14 años si el Senado convierte la iniciativa en ley.

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Régimen Penal Juvenil: capítulos votados a mano y una pulseada por el presupuesto

Los primeros diez capítulos se aprobaron a mano alzada, luego de que el oficialismo rechazara la mayoría de las modificaciones planteadas por bloques dialoguistas, salvo ajustes de redacción vinculados a una aclaración clave: los adolescentes no podrán ser alojados junto a adultos.

El momento de mayor tensión técnica llegó con el capítulo XI, el que establece la asignación presupuestaria. A pedido del Frente de Izquierda y del interbloque Unidos, se votó nominalmente. El resultado fue distinto al de la votación general, aunque fue también aprobado: 135 afirmativos, 100 negativos y 13 abstenciones.

La discusión por el financiamiento atravesó todo el debate. Maximiliano Ferraro reclamó un mecanismo no discrecional para garantizar recursos a las provincias. Gisela Scaglia, desde Provincias Unidas, advirtió que no podía recaer todo el costo sobre los gobernadores. El oficialismo sostuvo su esquema de convenios entre Nación y distritos.

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El texto fija una partida total de $23.739.155.303: más de $20.600 millones destinados a la Defensoría General de la Nación y $3.131 millones al Ministerio de Justicia. El articulado establece que Nación, provincias y Ciudad podrán firmar convenios para el traslado o alojamiento de adolescentes en otras jurisdicciones, una cláusula que anticipa discusión federal en el Senado.

Qué cambia: de 13 a 14 años y una pena máxima de 15

El proyecto reemplaza la Ley 22.278, vigente desde 1980. Deroga el régimen de la dictadura y establece uno nuevo.

El Poder Ejecutivo había enviado en 2024 una iniciativa que fijaba la imputabilidad desde los 13 años y una pena máxima de 20

. Ese texto perdió estado parlamentario tras la renovación de la Cámara. En esta versión, fruto de negociaciones con bloques aliados, la edad quedó en 14 y la pena máxima se redujo a 15 años. No se admite prisión perpetua.

Reforma penal juvenil: el reclamo por establecimientos y fondos para su aplicación

Para delitos con penas menores a tres años no habrá prisión. Para penas de entre tres y diez años que no impliquen muerte o lesiones graves, se priorizan sanciones alternativas con enfoque educativo y social: amonestaciones, restricciones, servicios comunitarios.

El régimen crea la figura del “supervisor”, con formación específica en áreas sociales, que deberá realizar seguimiento semanal del adolescente. También incorpora instancias de mediación y la tutela efectiva de los derechos de las víctimas.

El mapa político: 149 votos

A favor votaron los 95 diputados de La Libertad Avanza; 21 del interbloque Fuerza del Cambio (PRO y UCR); 19 de Unidos; 7 de Innovación Federal; 3 tucumanos de Independencia; 2 de País Federal; 2 del MID; y 2 sanjuaninos de Producción y Trabajo.

En contra lo hicieron los 92 presentes de Unión por la Patria; 4 del Frente de Izquierda; 3 de Elijo Catamarca, y la cordobesa Natalia de la Sota.

El Frente Renovador acompañó la baja de imputabilidad en el debate en particular, pero votó en contra del proyecto en general.

Cruces, gritos y el «helicóptero» de Grabois

La sesión tuvo otro momento de alto voltaje cuando Juan Grabois lanzó una advertencia al oficialismo en medio del debate por la Reforma Laboral tratada horas antes: “No saquen esa ley porque van a terminar yéndose en helicóptero”.

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Comparó la situación con 2001, habló de “nueva Banelco” y acusó al Gobierno de represión. Desde las bancas libertarias se multiplicaron los gritos. Álvaro Martínez lo increpó y le exhibió un abanico en referencia a un video viral. Martín Menem debió pedir orden varias veces.

El contraste fue evidente: mientras en los palcos familiares de víctimas seguían atentos el debate penal juvenil, en el recinto se cruzaban acusaciones por la reforma laboral y por las movilizaciones en la calle.

El gobierno quiere llevarla al Senado el 26 de febrero

El Gobierno incorporó la Ley Penal Juvenil al temario de extraordinarias tras el crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe. Ahora busca que el Senado la trate antes del 1° de marzo. En los pasillos se menciona el 26 de febrero como posible fecha.

En pocas horas, el oficialismo sumó dos victorias legislativas: Reforma Laboral y Régimen Penal Juvenil. Pero la discusión no terminó. El financiamiento, el federalismo y la aplicación efectiva del nuevo sistema volverán a estar en el centro del debate cuando el proyecto cruce al otro lado del Congreso.

ML