Con 29 votos a favor, Mendoza vuelve a la minería metalífera entre protestas y advertencias ambientales
La Legislatura de Mendoza aprobó la ley de promoción de la minería metalífera, una medida impulsada por el gobernador Alfredo Cornejo que abre la puerta a la explotación de cobre en la provincia. La decisión fue sancionada en el Senado con una amplia mayoría de 29 votos a favor, una abstención y solo seis votos en contra.
La norma reactiva proyectos mineros clave, como el Proyecto San Jorge en Uspallata, a pesar de las advertencias de ambientalistas sobre el uso de recursos hídricos. La votación se produjo mientras una multitudinaria marcha, que recorrió más de 100 kilómetros, llegaba a la capital provincial intentando frenar la sanción.
El conflicto entre desarrollo y agua
La principal controversia se centra en el riesgo que representa la actividad para la existencia del agua pura en la provincia, esencial para la agricultura. Organizaciones ambientales denuncian que la explotación de cobre demandará un altísimo consumo de agua y utilizará productos altamente tóxicos. En medio de este escenario, la minería metalífera sigue siendo el foco del debate.
El gobierno provincial defendió la ley asegurando que lo aprobado no representa un «cheque en blanco» para las empresas mineras. El impulso a la minería metalífera se justifica bajo el argumento del desarrollo económico y la generación de empleo, aunque las cifras laborales fueron cuestionadas por las asambleas. Según Página 12, un referente ambientalista lamentó que la voluntad popular no fuera escuchada por los legisladores, mientras la actividad extractiva genera expectativas económicas y rechazo social.
La Universidad Nacional de Cuyo, junto con otras instituciones, criticó el Estudio de Impacto Ambiental que respaldó el proyecto, considerándolo desprolijo y carente de los fundamentos necesarios para una actividad de tal magnitud.
Consecuencias inmediatas
La sanción de la norma, que pone fin a la prohibición efectiva que regía hace 14 años, marca un quiebre en la provincia. La medida reaviva el debate nacional sobre los límites de la minería y la protección de los recursos naturales. En consecuencia, la exploración de metales a gran escala vuelve a ser legal.
Con la ley aprobada, las asambleas ambientalistas ya preparan acciones legales. La situación se agrava por los antecedentes de judicialización de las protestas en meses anteriores. La sanción abre un nuevo capítulo de conflicto en Mendoza, polarizando el futuro entre el desarrollo del cobre y la defensa de sus recursos hídricos.