Caso Kraisman: ¿Virginia Martínez fue la única contratada “fantasma” de la Legislatura?
Virginia Martínez, la denominada “empleada fantasma” de la Legislatura de Córdoba, ¿fue la única contratada sin cumplir tareas en la Unicameral? A pesar de que hay un expediente en trámite en la Justicia, la duda persiste.
Perfil CÓRDOBA accedió y analizó el documento incorporado al expediente donde constan los contratos aprobados por un decreto de la vicegobernadora Myrian Prunotto, a comienzos de este año.
Figuran 23 nombres, entre ellos el de Virginia Martínez. Todos fueron contratados desde el 1 de diciembre de 2024, salvo dos —el 5 y el 27 de ese mes— hasta el 30 de junio de este año.
Cabe recordar que el contrato ficticio de Virginia Martínez saltó a la luz por un hecho fortuito, cuando el 16 de enero del año pasado el militante peronista Guillermo Kraisman fue con Luciana Castro a una sucursal del Banco de Córdoba, a cobrar el primer sueldo que la Unicameral había liquidado. El cajero detectó incongruencia entre el DNI a nombre de la titular del contrato y la mujer que se presentó. Castro y Kraisman fueron detenidos y se abrió el expediente judicial en la Fiscalía Anticorrupción, a cargo de Franco Mondino.
El árbol tapó el bosque
El fiscal acotó el caso a un tema entre privados. Primero los imputó por tentativa de estafa, como si Kraisman y Castro hubieran intentado defraudar a Martínez. El árbol tapó el bosque que había detrás: un contrato con fondos públicos de la Legislatura a una persona que jamás trabajó allí.
Por intervención del juez de Control, Gustavo Hidalgo, la calificación mutó a la tentativa de defraudación a la administración pública, una posición más coherente con el hecho porque Kraisman y Castro pretendieron quedarse con fondos de origen público.
El fiscal Mondino cerró la instrucción en agosto pasado, circunscrito al episodio del intento de cobro del sueldo de la empleada fantasma. Tuvo la posibilidad de averiguar qué pasa en la Legislatura, ámbito que conoce porque antes de ser fiscal fue asesor de la exlegisladora Graciela Brarda, actualmente presidenta del PJ San Justo, con cabecera en San Francisco.
No se asomó a ver si los 22 contratados restantes cumplían funciones. O, como Martínez, había algún otro en el marco de acuerdos políticos para “pagar trabajo territorial”, tal como lo declaró a este medio Guillermo Kraisman.
Por el contrario, Mondino cerró la causa acotada a Kraisman, Castro y Martínez. Por los dos primeros, el juez de Control Hidalgo confirmó la elevación a juicio. Sobre la contratada fantasma, acusada por el fiscal por presunto falso testimonio, dictó falta de mérito y ordenó profundizar la investigación sobre si mintió o no.
La semana pasada, en la Justicia Federal, el juez Alejandro Sánchez Freytes procesó a Kraisman y Castro por “uso ilegítimo de documento que corresponde a otra persona”.
Quiénes integran la lista informada por la Legislatura.
El 18 de febrero pasado, un mes después de la detención en flagrancia de Kraisman y Castro, Mondino libró una “orden de presentación”. Para evitar un allanamiento, impuso un plazo de dos horas para que las autoridades legislativas entreguen a la Justicia el “legajo personal de Virginia Elizabeth Martínez” y el “acto administrativo de designación y de baja” de la mujer.
Así ocurrió. El mismo día un comisionado policial se apersonó en la Legislatura y labró el acta ante testigos. Llevó a tribunales el formulario F5B, de fecha 8 de enero 2025, donde la vicepresidenta de la Legislatura, Nadia Fernández, solicita el contrato de Martínez, afectada al bloque oficialista Hacemos Unidos por Córdoba (HUxC) y el decreto firmado por la presidenta de la Unicameral, Myrian Prunotto.
En este último documento —incorporado a la causa— constan los 23 nombres que Perfil CÓRDOBA publica hoy.
Una búsqueda superficial arrojó que allí hay un productor agropecuario cuya actividad declarada ante Arca es “venta al por mayor de cereales”, domiciliado en Las Junturas.
La segunda es una mujer registrada como prestadora de “servicio de mensajerías, incluye servicios puerta a puerta, comisionista de encomiendas, transporte de documentos realizados por empresas no sujetas a la obligación de servicio universal”, con domicilio en Villa María.
Hay varios que por la numeración del DNI tienen edad de estudiantes y, en efecto, aparecen en padrones de distintas Facultades de la UNC, como Ciencias Químicas y Lenguas.
Otro de los asesores contratados es un hombre registrado ante Arca como “editor de periódicos, revistas y publicaciones periódicas”.
El más llamativo, sin embargo, es un hombre que declara en Arca como actividad principal “reparación y pintura de carrocerías, colocación y reparación de guardabarros y protecciones exteriores; mantenimiento y reparación de vehículos automotores”.
¿Un taller de chapa y pintura contratado por siete meses, desde 1 de diciembre de 2024 al 30 de junio de 2025? ¿Qué tareas desempeñó? ¿Es habitual contratar personal para mantenimiento de vehículos?
El fiscal Mondino no investigó y privó a la sociedad de conocer si, al menos, esas 22 personas realmente trabajaron o si alguno fue un asesor “fantasma”, como Martínez. Ni qué decir de los listados de cientos de personas que publicó, a fuerza de acciones judiciales, la propia Unicameral.
En el portal de Datos Abiertos de la Legislatura es posible constatar que 14 de esos 22 siguen en funciones como asesores legislativos.
¿Por qué Mondino no amplió la investigación?
La duda persiste.
En febrero pasado, mientras se desarrollaba la investigación a Kraisman, la legisladora Luciana Echevarría pidió un jury para Mondino por su “inacción” en el expediente por las declaraciones juradas del expresidente de la Unicameral, Oscar González, lo que Mondino mantuvo sin definición por años en la Justicia provincial, terminó en una imputación, procesamiento y detención en la Justicia federal. Por esa razón, Echevarría impulsó la denuncia.
Un pedido de jury es una espada de Damocles para cualquier magistrado provincial. Aún más lo es para un funcionario del fuero Anticorrupción, cuando su tarea es investigar al poder político que lo designó y que también tiene en sus manos nada menos que la decisión de abrir o cajonear un eventual proceso de destitución.