El fiscal Martín López Perrando, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°61 apeló el sobreseimiento dictado en favor del excompañero de Diego Fernández Lima, el adolescente de 16 años que era buscado desde el 26 de julio de 1984, y cuyos restos óseos aparecieron el 20 de mayo pasado, en el jardín de la vivienda familiar del sospechoso, en el barrio porteño de Coghlan.

El representante del Ministerio Público Fiscal presentó ayer un recurso de apelación ante el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°56, Alejandro Litvack, para que lo eleve a la Cámara Nacional de Apelaciones del mismo fuero. El magistrado dictó el lunes pasado el sobreseimiento del N. C. G., quien fue imputado por la fiscalía por los delitos de “encubrimiento agravado” y “supresión de evidencia”, y había sido indagado el 17 de octubre pasado.

En su resolución, el juez Litvack consideró que al estar prescripto por el paso del tiempo -41 años- el homicidio del que fue víctima Fernández, el encubrimiento tampoco era punible, ya que “para su configuración es necesario que el delito anterior aún esté en condiciones de ser perseguido”.

El magistrado también argumentó, entre otros puntos, que las acciones de encubrimiento atribuidas por la fiscalía a N.C.G. -la generación de explicaciones inverosímiles por el hallazgo de los restos, como la “existencia de una iglesia”, “un establo”, o “un camión que pudo haber traído tierra con esos huesos”-, las realizó únicamente ante los empleados de la obra y no ante autoridades policiales o judiciales.

La apelación del fiscal

En primer término, López Perrando explicó que “el delito de encubrimiento es un delito autónomo” que debe analizarse “de forma separada”. “Entiendo que si bien resulta claro que el homicidio de Diego Fernández habría ocurrido hace más de 40 años, con todo lo que ello implica […] no es menos cierto que al no contarse con una imputación formal dirigida hacia un presunto autor, no resulta prudente considerar que la acción prescribió, ya que -por ejemplo- la comisión de nuevos hechos podrían interrumpir el plazo de dicha prescripción. De tal modo la falta de autor impide la declaración de prescripción que necesariamente debe formularse en concreto”, señaló el fiscal.

Con ese argumento, López Perrando afirmó en su apelación que “el homicidio de Diego Fernández y su posterior enterramiento en el inmueble de la Av. Congreso 3742, de esta ciudad, se encuentra por demás acreditado”.

“Resulta incomprensible que el hallazgo sea explicado por su compañero y habitante de esa casa, relatando una ajenidad inexplicable […] ¿Es que no hay nadie allí que se apiade y diga la verdad, por dolorosa y cruel que sea, para que la familia Fernández tenga al menos la tranquilidad espiritual de saber la razón por la cual una vida tan joven fue truncada?”, se preguntó el fiscal.

Por último, López Perrando afirmó: “Pienso, como corolario, que a Diego Fernández lo volvimos a matar”, y tras afirmar que varios actores hicieron correctamente su trabajo -los obreros, la policía, los vecinos, los peritos, etc.-, señaló que “le llegó el turno a la justicia para que haga lo suyo”.