Caso Blas Correas: pidieron el juicio para 11 funcionarios públicos por el asesinato del joven en 2020
Avanza la causa por el asesinato de Valentino Blas Correas, quien fue abatido por la policía en agosto de 2020 en Córdoba y por eso el fiscal Franco Mondino solicitó que once funcionarios públicos vayan a juicio oral por su presunta responsabilidad en el hecho.
Si bien está claro que no estuvieron en el lugar donde se dio el trágico desenlace, investigan las actuaciones posteriores al homicidio y el posible encubrimiento de nombres muy importantes como el de Alfonso Mosquera, quien se desempeñaba como ministro de Seguridad de la provincia. Entre los nombres apuntados por el caso Blas Correas también figuran Lucas Sebastián Mezzano y Gonzalo Cumplido, exsubsecretario de Coordinación y Planificación Estratégica y el otrora comisario mayor, respectivamente.
Por otra parte, un total de siete policías deberán afrontar a los jueces para responder por incurrir en abuso de autoridad, debido a que omitieron asistir a la víctima tras la balacera. Una mujer policía llamada Natalia Márquez está acusada de agredir a quienes viajaban con la víctima. Posteriormente, aparece Cumplido en la escena para plantar un arma, lo que incurre en un delito gravísimo entre las fuerzas armadas.
Los políticos como Mosquera y Mezzano aparecen posteriormente en el caso Blas Correas por intentar desviar la investigación. El exministro entregó un vehículo de marca Toyota Corolla, seguro y tickets de combustible, algo que fue expuesto por el fiscal Mondino para solicitar el juicio oral.
Hay un funcionario más involucrado y que podría llegar a esta instancia judicial y se trata de Víctor Di Stéfano, quien se desempeña como director de Comunicaciones y Videovigilancia de la Policía. Está acusado de no cumplir con su deber y permitir que se acceda irregularmente a las grabaciones de las cámaras de seguridad que demostraban que había ocurrido en la noche del crimen.
Caso Blas Correas: qué pasó la noche del 6 de agosto de 2020
Valentino Blas Correas tenía 17 años cuando murió luego de recibir un disparo policial mortal al intentar evadir un control policial en Córdoba. Desde ese momento se habla de «gatillo fácil» por lo que fue calificado como «homicidio calificado» y con la gravedad de la manipulación posterior.
Fueron al menos cinco balazos los ejecutados por la policía, ya que esa cantidad de orificios fueron vistos en el vehículo. A su vez, se plantó un arma para intentar justificar el accionar, algo muy similar a lo ocurrido con la masacre de San Miguel del Monte en 2019.