Cancillería aparta a funcionario argentino en Siria tras avalar en redes ataques contra Israel
El Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación, bajo la gestión de la cancillería, decidió desplazar de forma inmediata a Alejandro Calloni, quien se desempeñaba como secretario y cónsul en la Embajada argentina en Siria. La medida, que incluye la apertura de un sumario administrativo y su traslado forzoso a Buenos Aires, fue confirmada por el canciller Pablo Quirno tras la viralización de una interacción del diplomático en plataformas digitales.
Según trascendió, el funcionario destinado en la nación árabe habría manifestado su apoyo a través de un «me gusta» en Instagram a una publicación que promovía ataques contra el Estado de Israel, una acción calificada por las autoridades como una falta grave a los deberes de neutralidad que exige el servicio exterior.
La trayectoria del diplomático en la delegación de Siria incluye su formación en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN) y funciones consulares previas que desempeñaba desde 2022, habiéndose instalado en Damasco en septiembre de 2023. Sin embargo, su actividad en redes sociales terminó de sellar su destino en el exterior cuando el titular de la cartera notificó públicamente la instrucción de iniciar acciones sumariales.
Es importante destacar que este tipo de conductas son absolutamente incompatibles con la función pública en el país árabe, ya que vulneran la coherencia de la política internacional y los principios de responsabilidad institucional que deben regir a sus representantes fuera del territorio nacional.
Este escándalo diplomático irrumpe en un contexto de estrecha sintonía geopolítica entre la administración de Javier Milei y el gobierno israelí. De hecho, el desplazamiento del cónsul que cumplía funciones en Siria se produce apenas días después de un significativo gesto bilateral: el canciller de Israel, Gideon Sa’ar, había respaldado públicamente el reclamo argentino sobre la soberanía de las Islas Malvinas frente a las actividades de una petrolera en el Atlántico Sur.
Ante la gravedad del hecho y para evitar un cortocircuito en esta alianza estratégica, el Gobierno nacional optó por una sanción directa, sin esperar los plazos habituales del proceso disciplinario, ordenando que el funcionario abandone su puesto de manera inmediata mientras sus perfiles en redes sociales permanecen cerrados al público.
