CABA: lanzan un «Observatorio de la Autonomía» para articular las competencias que reclama
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó el Observatorio sobre Federalismo y Autonomía Porteña (OFAP), un nuevo espacio integrado por diferentes especialistas que busca reforzar el reclamo histórico por el traspaso de las competencias que todavía permanecen bajo la órbita nacional, a más de tres décadas de la reforma constitucional que estableció un regimen que lo acercó al de las provincias.
La creación del Observatorio, coordinado por la Dirección General de Transferencias de Competencias y Asuntos Interjurisdiccionales del Ministerio de Justicia del distrito, apunta a generar evidencia técnica, visibilizar los avances y, sobre todo, planificar estrategias para acelerar un proceso autonómico que la propia gestión del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, considera “pendiente”.
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Desde que la reforma de 1994 incorporó el artículo 129 a la Constitución Nacional, la Ciudad adquirió el estatus de “autónoma”, aunque en los hechos todavía no administra una serie de funciones. Entre ellas, figuran el Puerto de Buenos Aires, la terminal de ómnibus de Retiro, la Inspección General de Justicia (IGJ), el Registro de la Propiedad Inmueble y competencias judiciales no federales en materia penal, comercial, civil y laboral.
En paralelo, el Ejecutivo porteño gestiona con el Gobierno nacional el traspaso parcial del Servicio Penitenciario Federal y promueve en la Legislatura un proyecto para crear uno propio, un tema que Macri volvió a colocar entre sus prioridades.
“Necesitamos avanzar en esa agenda pendiente que impacta de manera directa en la vida de quienes viven, trabajan, estudian o visitan la Ciudad”, afirmó Macri. “Queremos ampliar la Justicia penal, que hoy está muy limitada, y desarrollar un Servicio Penitenciario propio”.
Por otro lado, desde su gestión también destacaron avances recientes, como la puesta en marcha del fuero laboral porteño, el nuevo Código Procesal Laboral y el traspaso de las 30 líneas de colectivos que operan exclusivamente dentro de la Capital Federal, acuerdo firmado entre el Jefe de Gobierno y el Presidente de la Nación, Javier Milei, en septiembre de 2024.
En este contexto, el OFAP funcionará como un espacio de análisis, monitoreo y articulación institucional. Su meta es fortalecer la posición política y jurídica de la Ciudad ante el Estado nacional y unificar los criterios técnicos que sustenten sus reclamos.
Para el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, el Observatorio es un instrumento para consolidar una agenda que trasciende a un principio jurídico. “Nace del convencimiento de que la autonomía es una construcción cotidiana que fortalece la democracia. Cada avance que logremos, cada análisis, cada diálogo que impulsemos desde este espacio contribuye a una Ciudad más justa, más libre y más protagonista de su propio destino”.
Por su parte, la directora general de Transferencia de Competencias y Asuntos Interjurisdiccionales, Karina Palacios, puntualizó: «Se trata de un espacio robusto para el análisis y la promoción de la autonomía porteña. También para generar conocimiento técnico y aumentar la conciencia pública: queremos darle más visibilidad a este proceso«, aseguró.
Un proyecto de ley sobre la «emergencia autonómica»
El Gobierno porteño envió meses atrás a la Legislatura un proyecto de ley sobre emergencia autonómica que insta al Estado de la Nación a suscribir los convenios que concreten las transferencias de competencias que aún se reclaman como pendientes.
La iniciativa también exhorta a los legisladores nacionales -en especial, a quienes representan a la Ciudad de Buenos Aires- a cumplir con la Constitución nacional, a ratificar convenios de transferencia de competencias pendientes y aprobar los proyectos legislativos necesarios para concretar esos traspasos.
El proyecto propone declarar la emergencia autonómica «por dos años» y solicita a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires que inicie acciones judiciales para, primero, declarar la inconstitucionalidad de normas que restrinjan la autonomía de la Ciudad; y luego exigir la transferencia de la Justicia nacional ordinaria con sede en la Ciudad, junto a los recursos presupuestarios correspondientes.
Además, este año, funcionarios del Ministerio de Justicia porteño, entre ellos, el ministro Tapia, conformaron una comisión con sus pares de la Nación para analizar la transferencia de las competencias judiciales pendientes a la órbita de la Capital Federal.
FP