Barcelona anuncia que se termina Airbnb: qué ciudades rechazaron la plataforma de alquileres
Barcelona tomó una decisión que sacude al mercado global de alquileres temporarios: el gobierno municipal anunció que no renovará las licencias de viviendas turísticas a partir de noviembre de 2028. La medida implica que más de 10.000 departamentos dejarán de operar en Airbnb y otras plataformas, y deberán volver al mercado residencial.
El anuncio fue realizado por el alcalde Jaume Collboni, quien argumentó que la ciudad enfrenta una crisis habitacional agravada por el turismo masivo. Según datos oficiales, los alquileres aumentaron más de 60% en la última década y la presencia de viviendas turísticas presiona los precios hacia arriba, expulsando residentes y distorsionando el mercado. Barcelona ya había adoptado controles estrictos en años anteriores, pero ahora va un paso más allá y avanza hacia la desaparición total de este tipo de alojamiento en departamentos.
La decisión se apoya en un decreto de la Generalitat de Cataluña que estableció plazos máximos para las licencias. El municipio optó por no renovarlas, en línea con su política de priorizar la vivienda para residentes y contener el impacto del turismo en la vida urbana. Desde la alcaldía aseguran que el regreso de esas unidades al alquiler tradicional tendrá “efecto directo” en la oferta habitacional.
Airbnb calificó la medida como “extrema”, aunque admitió que podría convertirse en un precedente para otras ciudades europeas con problemas similares.
Barcelona no está sola: Nueva York impide alquileres de menos de 30 días cuando el anfitrión no reside en la propiedad, lo que redujo drásticamente los anuncios activos; Berlín exige permisos estrictos desde 2014 y sanciona severamente los alquileres ilegales; y Budapest, en uno de sus distritos más turísticos, aprobó una prohibición total a partir de 2026. Todas buscan frenar la pérdida de vivienda permanente y evitar la “turistificación” de barrios enteros.
En Buenos Aires el escenario es distinto, pero la tendencia preocupa: suba de alquileres, caída de oferta residencial y expansión del mercado temporario. La decisión catalana podría acelerar el debate local sobre hasta dónde regular a las plataformas para equilibrar turismo y acceso a la vivienda.
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