Arrestan al ex financista Howard Rubin por una red de trata sexual en Nueva York
Howard Rubin, figura emblemática de Wall Street en los años ochenta y noventa, fue arrestado en Connecticut y acusado de liderar junto con su ex asistente personal, Jennifer Powers, una red de tráfico sexual que funcionó durante al menos una década. Ambos fueron detenidos tras una investigación de la fiscalía federal de Brooklyn y se enfrentan a una posible condena a cadena perpetua.
Rubin, de 70 años, alcanzó notoriedad como trader de bonos en Salomon Brothers, donde fue retratado en Liar’s Poker (1989), el célebre libro de Michael Lewis sobre los excesos de Wall Street. Luego pasó por Merrill Lynch, donde protagonizó una pérdida de 250 millones de dólares en 1987, y más tarde trabajó en Bear Stearns y Soros Fund Management.
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Ahora, su nombre vuelve a los titulares, pero por un escándalo que los fiscales describen como una red sistemática de explotación sexual con decenas de víctimas.
El epicentro de los abusos era el penthouse de la Metropolitan Tower, una elegante torre posmoderna ubicada a metros de Central Park. Allí, Rubin acondicionó una habitación insonorizada, pintada de rojo y equipada con dispositivos de esclavitud y disciplina, conocida como “La Mazmorra”.
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Según la acusación, entre 2011 y 2017 Rubin alquiló el penthouse por 18.000 dólares mensuales. Las mujeres eran reclutadas bajo la promesa de encuentros consensuados y pagos en efectivo, pero terminaban sometidas a prácticas de bondage y sadomasoquismo que superaban cualquier acuerdo inicial.
Muchas eran mujeres en situación de vulnerabilidad —con antecedentes de abuso, adicciones o problemas económicos— que eran inducidas a consumir drogas o alcohol antes de los encuentros. Algunas resultaron con moretones, heridas y traumas psicológicos, y necesitaron tratamiento médico.
Jennifer Powers, de 45 años, era la encargada de la logística: reclutaba a las víctimas, coordinaba vuelos, gestionaba acuerdos de confidencialidad y hasta tomaba notas sobre si Rubin había disfrutado de los encuentros. Según la fiscalía, también mantenía la mazmorra y se aseguraba de que estuviera lista para cada sesión.
La relación entre Rubin y Powers iba más allá del ámbito laboral. Desde 2012, Rubin financió gran parte del estilo de vida de Powers y su familia, incluyendo alquileres, matrículas escolares y la compra de una casa en Texas.
Drogas, cláusulas de silencio y amenazas
Los fiscales revelaron que Rubin obligaba a las víctimas a firmar contratos de confidencialidad que estipulaban multas de hasta 500.000 dólares si rompían el silencio. En esos documentos se dejaba asentado que no habían consumido drogas ni alcohol, aunque en la práctica se les suministraban grandes cantidades de ambas sustancias.
En al menos un caso, Rubin administró un sedante a una mujer para cumplir una fantasía de violación. En otros episodios, las víctimas eran amordazadas y no podían pronunciar la “palabra de seguridad” que debía frenar los actos sexuales.
La fiscalía sostiene que Rubin llegó incluso a amenazar a testigos del caso civil abierto en 2017, llegando a decirle a una víctima que había contratado a un sicario, aunque no cumplió la amenaza.
De acuerdo con los documentos judiciales, Rubin y Powers destinaron más de un millón de dólares a financiar esta red entre 2009 y 2019. La fiscal Tara McGrath afirmó que existen docenas de víctimas adicionales que aún no figuran en la acusación, y que hasta una decena de personas colaboraron con el plan, aunque no fueron imputadas.
Los fiscales también plantearon el riesgo de fuga, al descubrir que Rubin mantenía 74,4 millones de dólares en una cuenta en las Islas Caimán y que poseía múltiples teléfonos celulares, lo que reforzó la decisión judicial de mantenerlo detenido.
Antecedentes judiciales y la caída definitiva de Rubin
Rubin ya había enfrentado un juicio civil en 2017 por acusaciones similares. En 2022, un jurado lo declaró responsable de trata de personas y le ordenó pagar 3,9 millones de dólares en indemnizaciones. Sin embargo, continuó con su red incluso después de esa sentencia.
El viernes pasado compareció ante la jueza Peggy Kuo, vestido con un rompevientos azul y jeans, y se declaró inocente. Su abogado, Benjamin Rosenberg, lo describió como un “hombre de familia” que atraviesa problemas de salud tras haber sufrido un derrame cerebral en julio, y pidió su liberación bajo fianza.
No obstante, la jueza ordenó su detención inmediata, señalando que la cantidad de teléfonos incautados y los antecedentes de intimidación a víctimas demostraban un alto riesgo de evasión.
LV/ff