La Oficina de Sumarios que depende del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba resolvió abrir formalmente un sumario administrativo a los jueces de Ejecución Penal, Gustavo Echenique Esteve (de Río Cuarto) y Facundo Moyano Centeno (de Córdoba); y a la fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, Ingrid Vago.

La decisión implica que los tres serán sometidos a una investigación administrativa por sus respectivas intervenciones en el caso del expolicía condenado por homicidio a 27 años de prisión, Horacio Grasso. A pesar de la grave sentencia, en dos oportunidades Echenique Esteve le otorgó prisión domiciliaria que las cumplió en la ciudad de Córdoba.

La primera vez fue en 2019 y se la revocaron porque agredió a su madre. La segunda le fue concedida en 2021 y desde entonces hasta el 3 de julio pasado vivió en el departamento 3°B de calle Buenos Aires 315 donde se encontró el cadáver de Milagros Bastos, una joven desaparecida y buscada desde fines del año pasado.

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En ese último período, la fiscal Vago recibió dos denuncias de una joven de su círculo familiar más cercano, quien relató que Grasso la abuso sexualmente. Sin embargo, la causa no avanzó y la “novedad” de la denuncia jamás impactó en la situación beneficiosa de la prisión domiciliaria.

El caso demuestra múltiples fallas del sistema judicial. Quizás si Vago activaba la causa por abuso, el condenado podría haber vuelto a la cárcel antes y se podría haber salvado a Milagros. Hoy todo está bajo sospecha.

El sumario es un proceso similar a un juicio donde los investigados presentan defensores, dan sus explicaciones y la decisión final quedará en manos de la Sala Penal del TSJ. El abanico de sanciones van desde advertencias hasta una posible acusación por mal desempeño.

En el Jurado de Enjuiciamiento hay pedidos de jury de legisladores opositores para el juez Echenique Esteve.