Chahla pidió fondos para obras en barrios populares de San Miguel de Tucumán

Chahla pidió fondos para obras en barrios populares de San Miguel de Tucumán

La intendenta de San Miguel de Tucumán participó por videollamada en una reunión de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano de la Cámara de Diputados de la Nación. Expuso datos sobre las condiciones de infraestructura de 81 barrios populares de la capital y reclamó la restitución de fondos para obras de integración socio urbana.

Durante su intervención por videollamada, Chahla presentó un diagnóstico sobre la situación de estos sectores en la capital tucumana y destacó la necesidad de avanzar con obras de acceso al agua potable, cloacas, electricidad y vivienda.

El diagnóstico de los barrios populares de Tucumán

Según los datos del Renabap correspondientes a abril de 2024, citados por la intendenta, San Miguel de Tucumán cuenta con 81 barrios populares, donde viven aproximadamente 25.700 familias y unas 79.000 personas.

Entre los principales indicadores expuestos, se encuentran:

  • Ninguno de los 81 barrios tiene conexión formal a la red cloacal.
  • Solo uno cuenta con acceso regular al agua de red.
  • El 90,1% de las familias dispone de acceso formal a la electricidad.
  • El 78,5% accede al agua mediante conexiones irregulares.

Chahla sostuvo que la falta de servicios básicos incide directamente en las condiciones de vida y en la salud de la población. “Cuando hablamos de barrios vulnerables, hablamos de gente que no tiene cloacas, no tiene agua, no tiene gas natural, no tiene lo básico para que una familia pueda desarrollarse plenamente”, afirmó.

Reclamo por obras inconclusas y financiamiento

Durante la reunión, la jefa municipal señaló que varias intervenciones quedaron inconclusas por la falta de financiamiento nacional. Como ejemplo, mencionó que, de 500 soluciones sanitarias anunciadas —que contemplaban instalaciones básicas como baños—, se habrían terminado entre 50 y 150.

“Los gobiernos locales tenemos una enorme dificultad de recursos. ¿Cómo hacemos inversiones de millones si no tenemos el financiamiento del Estado nacional que garantice la ejecución transparente de estas obras?”, planteó.

También remarcó que los municipios suelen recibir los reclamos cotidianos de los vecinos por la falta de agua, electricidad o cloacas, aun cuando no cuentan con recursos suficientes para ejecutar todas las obras necesarias.

En ese marco, defendió la continuidad de las políticas de integración socio urbana y afirmó que el Estado debe sostener su presencia en los barrios para mejorar las condiciones habitacionales y promover la inclusión social.

Integración urbana y generación de empleo

Chahla también destacó el papel que tuvieron las políticas de mejoramiento habitacional y la participación de cooperativas de trabajo en proyectos anteriores. Según señaló, ese esquema permitía generar empleo en los propios barrios, movilizar la economía local y mejorar las condiciones de vida de las familias.

Además, mencionó la participación de organizaciones sociales como Cáritas y Techo en iniciativas de integración socio urbana.

La intendenta sostuvo que el objetivo debe ser incorporar a los barrios populares a la trama urbana y social, en lugar de profundizar su aislamiento. “Hay que integrarlos en la sociedad, en la vida urbana y social”, expresó.

Antecedentes y alcance de la normativa

Durante su exposición, Chahla recordó la sanción de la Ley 27.453, en 2018, que estableció un régimen de regularización dominial para la integración socio urbana de barrios populares, y las modificaciones posteriores vinculadas con la ampliación del registro y la protección de las familias.

De acuerdo con los datos presentados, tras la aprobación de esa normativa se impulsaron más de 1.300 obras de infraestructura y más de 250.000 mujeres mejoraron sus viviendas mediante el programa Mi Pieza.

La jefa municipal consideró que la restitución de fondos permitiría retomar intervenciones pendientes y garantizar que las familias de los barrios populares puedan acceder a servicios esenciales.

El proyecto continúa su tratamiento en el Congreso nacional. Su avance legislativo será determinante para definir el marco de financiamiento de las políticas de integración socio urbana.

Fuente: Municipalidad de San Miguel de Tucumán.

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