San Miguel de Tucumán: buscan regularizar 254 edificios que no tienen final de obra

La convocatoria respondió a una resolución aprobada por unanimidad por el cuerpo legislativo, mediante la cual se solicitó información sobre el estado de las edificaciones de la capital.

Analizarán cada edificio según su nivel de riesgo

Uno de los principales puntos abordados fue la necesidad de diferenciar los incumplimientos que pueden resolverse mediante adecuaciones administrativas de aquellos que requieren estudios técnicos específicos por posibles riesgos para las personas.

El coordinador de la Secretaría de Obras Públicas municipal, Luis Lobo Chaklián, explicó que el Ejecutivo deberá elaborar un informe más exhaustivo para clasificar las irregularidades detectadas y determinar qué casos pueden regularizarse con mayor rapidez y cuáles necesitan evaluaciones especiales.

Entre las situaciones de menor complejidad se mencionaron diferencias en las superficies construidas, cocheras y dimensiones de determinados espacios. En cambio, las construcciones que presenten problemas de mayor gravedad deberán someterse a controles técnicos específicos antes de recibir una autorización.

Por su parte, el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Rubén Fernández, destacó la importancia del trabajo coordinado entre las áreas municipales de Catastro, Defensa Civil y Obras Públicas, y señaló que el relevamiento forma parte de las tareas preventivas que también alcanzan a locales bailables e instituciones educativas.

El Concejo analizará posibles cambios en las ordenanzas

El presidente del Concejo Deliberante, Fernando Juri, sostuvo que no todas las irregularidades tienen las mismas consecuencias y que será necesario determinar cuáles pueden subsanarse sin comprometer la seguridad de los habitantes.

En ese sentido, señaló que se podrían evaluar excepciones mediante ordenanzas cuando se trate de incumplimientos corregibles y que no representen un peligro para las personas.

Juri también aclaró que el objetivo no es impulsar desalojos generalizados. Según expresó, el desalojo debe considerarse como una medida de última instancia, especialmente cuando está en juego la seguridad de quienes habitan los inmuebles.

Las autoridades coincidieron en que las situaciones que impliquen riesgos estructurales o deficiencias técnicas importantes deberán recibir un tratamiento específico antes de cualquier posible habilitación.

Buscan proteger a los vecinos que compraron de buena fe

El concejal Federico Romano Norri, presidente de la Comisión de Planeamiento, Desarrollo Urbano e Innovación Tecnológica, puso el foco en las dificultades que enfrentan las familias que compraron sus viviendas de buena fe y que, debido a las irregularidades de las construcciones, todavía no pueden acceder a las escrituras.

El edil señaló que los incumplimientos pueden incluir desde la falta de matafuegos, luces de emergencia o rampas de accesibilidad hasta problemas que comprometan la seguridad de los ocupantes y de terceros.

También mencionó casos de edificios que presentan dificultades en la regularización de los servicios públicos, con consecuencias para la vida cotidiana de sus residentes.

“Nosotros no venimos a sentarnos a conversar para solucionarle nada a las empresas, sino a los ciudadanos que compraron de buena fe”, sostuvo Romano Norri, al remarcar que la prioridad debe ser que los vecinos puedan acceder a sus escrituras y vivir en condiciones seguras.

Una agenda de trabajo entre el Municipio y el Concejo

La reunión contó con la participación de integrantes de las comisiones de Obras Públicas y de Planeamiento, junto con funcionarios de distintas áreas del Departamento Ejecutivo Municipal.

Entre los próximos pasos se prevé profundizar el diagnóstico de los inmuebles, intercambiar información técnica y analizar una ordenanza que permita regularizar las situaciones subsanables, siempre que se cumplan las condiciones de seguridad correspondientes.

La problemática también se vincula con el proceso de actualización del Código de Planeamiento Urbano, previsto para el próximo año.

El desafío será encontrar mecanismos que permitan resolver las irregularidades administrativas y facilitar la situación de los propietarios, sin flexibilizar los controles cuando existan riesgos para la integridad de las personas.