TRIPLE CRIMEN DE FLORENCIO VARELA: SE DEFINE EL FUTURO DE PEQUEÑO J
Mañana será un día clave en los pasillos de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín. En una audiencia los jueces deberán resolver el destino procesal de Tony Jansen Valverde Victoriano, alias Pequño J, sindicado por los investigadores como una pieza clave en el brutal triple crimen de Florencio Varela.
Se trata de tres recursos presentados por la defensa del acusado, recientemente desde el Perú, buscando voltear el procesamiento, conseguir la excarcelación y eliminar el régimen de aislamiento al que permanece sometido.
LA ESTRATEGIA DE SU DEFENSA
Lucas Contreras Alderete, abogado defensor de Pequeño J, pondrá sobre la mesa de los camaristas una prueba que promete generar polémica: un informe técnico de la empresa Movistar que ubica el celular de Valverde Victoriano impactando en antenas de Nueva Pompeya, en la Ciudad de Buenos Aires, durante todo el día del crimen.
Para la defensa, esta es la coartada perfecta que lo sitúa a decenas de kilómetros del escenario de la masacre. Además, recordarán una limitación internacional insalvable: la Corte Suprema de Perú concedió la extradición estrictamente por el homicidio, por lo que la justicia argentina tiene prohibido juzgarlo por narcotráfico, trata o lavado de activos.
El segundo round de la jornada girará en torno a la libertad del acusado. La defensa apelará la denegatoria de excarcelación, argumentando que el juzgado de primera instancia aplicó un «automatismo peligroso» al dictar la preventiva basándose solo en la gravedad de la pena y en una fuga ocurrida siete meses atrás.
Según el entorno del imputado, aquella huida no fue un intento de evadir la justicia, sino una «reacción de pánico y vulnerabilidad» ante el linchamiento mediático. Como alternativa, ofrecerán una batería de medidas de morigeración que incluyen monitoreo electrónico por tobillera y la tutela de una ciudadana responsable.
Por último, la defensa denunciará que Valverde Victoriano sufre un «aislamiento extremo de 23 horas y media diarias» que califica como una pena anticipada y una violación flagrante a los pactos internacionales.
Sostienen que este sistema administrativo no solo destruye los lazos con su madre y hermana residentes en Perú, sino que bloquea el derecho a una defensa eficaz al impedir la comunicación fluida con su abogado.
Mañana, la Cámara de San Martín tendrá la palabra final en un caso donde se cruzan el terror de las bandas criminales, la diplomacia internacional y los límites del poder del Estado dentro de los penales federales.
EL CASO
La acusación que pesa sobre «Pequeño J» eriza la piel. Los cuerpos de Brenda Loreley del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron hallados maniatados, golpeados, torturados y con ejecuciones a corta distancia con el inconfundible sello del sicariato narco.
Según la hipótesis judicial, las tres jóvenes fueron engañadas en Ciudad Evita (La Matanza) bajo la falsa promesa de asistir a una fiesta privada, pero terminaron secuestradas en una casa de la calle Chañar al 700, en Florencio Varela.
Allí padecieron un calvario antes de ser ejecutadas y enterradas en el fondo de la vivienda, todo motivado por una presunta venganza de la banda tras el robo de un cargamento de estupefacientes.
La sospecha más oscura de los investigadores es que la organización criminal transmitió el triple homicidio en vivo para enviar un brutal mensaje de poder y territorialidad.
