Tucumán avanza en la adecuación del nuevo Régimen Penal Juvenil

La Comisión de Legislación General de la Legislatura de Tucumán avanzó en el análisis de las modificaciones necesarias para adecuar la normativa provincial al nuevo Régimen Penal Juvenil establecido por la Ley Nacional 27.801.

El trabajo fue analizado durante una reunión encabezada por el vicegobernador y presidente de la Legislatura, Miguel Acevedo, junto al titular de la comisión, Gerónimo Vargas Aignasse. El proceso incluye los aportes realizados durante las reuniones interinstitucionales mantenidas en las últimas semanas con representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

El objetivo es establecer el marco provincial necesario para la aplicación del nuevo régimen y definir los mecanismos que deberán intervenir desde el momento en que se produce un delito hasta el cumplimiento de las medidas o sanciones correspondientes.

La adecuación del régimen en Tucumán

Acevedo señaló que la provincia debe adaptar sus procedimientos a las nuevas disposiciones nacionales y remarcó la importancia de contemplar las particularidades locales.

“Nos estamos ocupando de esto porque la ley nacional ya está vigente, pero necesitamos adecuarla a Tucumán. Tenemos que establecer los distintos pasos desde el momento en que se comete el delito hasta la sanción y, fundamentalmente, el seguimiento de esos jóvenes”, sostuvo.

El vicegobernador planteó además que el sistema debe contemplar mecanismos orientados a la recuperación y reinserción de los adolescentes que atraviesen procesos penales.

En ese sentido, consideró necesario tener en cuenta las diferencias entre las distintas jurisdicciones y avanzar en una normativa que pueda aplicarse de acuerdo con las características y recursos disponibles en Tucumán.

“Queremos una ley que se pueda aplicar y sirva a la sociedad”, afirmó Acevedo.

Participación de los tres poderes

El proceso de adecuación provincial se desarrolla con la participación de representantes de distintos organismos vinculados al sistema penal juvenil.

En las reuniones previas participaron autoridades del Poder Judicial, magistrados, fiscales, integrantes del Ministerio Pupilar y de la Defensa, jueces penales de Niños, Niñas y Adolescentes y funcionarios del Poder Ejecutivo.

Acevedo destacó el trabajo conjunto y sostuvo que la futura normativa debería surgir de un proceso de consenso entre los tres poderes del Estado.

“Va a ser una ley que surja del consenso de los tres poderes. Quizás sea perfectible, pero queremos tener la certeza de que se pueda aplicar. En la Legislatura buscamos que las leyes, una vez sancionadas y promulgadas, se apliquen y sirvan a la sociedad”, expresó.

Qué aspectos analiza la Legislatura

Por su parte, Vargas Aignasse explicó que el análisis incluye cuestiones judiciales, administrativas, legislativas y presupuestarias.

“Nos hemos reunido con distintos operadores del sistema, fundamentalmente jueces de ejecución de sentencia, jueces de menores, el área de la Defensa, el Ministerio Pupilar y el área administrativa del Ministerio de Desarrollo Social, buscando consensos y acuerdos sobre una norma compleja”, señaló.

El legislador indicó que uno de los objetivos es establecer procedimientos claros para la aplicación del nuevo régimen y definir las responsabilidades de los organismos que deberán intervenir en cada etapa.

Según adelantó, la Comisión de Legislación General buscaba avanzar con un dictamen durante la semana siguiente a la reunión para luego llevar el proyecto al recinto.

El objetivo: aplicación y reinserción

Vargas Aignasse sostuvo que el trabajo apunta a establecer un régimen que permita que los adolescentes que cometan delitos respondan ante la Justicia, al mismo tiempo que se incorporen herramientas destinadas a interrumpir trayectorias delictivas y favorecer la reinserción social.

“Buscamos que el joven que cometió un delito responda por ese hecho, que podamos interrumpir su trayectoria delictiva y trabajar para reinsertarlo en la sociedad”, afirmó.

La discusión provincial se enmarca en la implementación de la Ley 27.801, que estableció un nuevo Régimen Penal Juvenil a nivel nacional. La norma contempla a adolescentes desde los 14 años hasta antes de cumplir los 18 y fija objetivos vinculados con la responsabilidad por los actos, la educación, la resocialización y la integración social.