La ONU denuncia que el aparato represivo en Venezuela “permanece intacto”

Buenos Aires, 16 septiembre (NA) — La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela afirmó que, a pesar de las limitadas mejoras en la situación de los derechos humanos en ese país, permanecen intactas las instituciones estatales responsables de la represión, las graves violaciones de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad.

A través de su último informe, acompañado por un documento de investigación al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, dicha Misión examinó los hechos del último año y brindó detalles sobre las violaciones a los derechos humanos que continúan produciéndose por parte de grupos armados civiles progubernamentales conocidos como «colectivos» y los vínculos de estos con el Estado.

Si bien se indica que hubo una disminución significativa de las detenciones de larga duración y de las desapariciones forzadas asociadas tras el ataque militar estadounidense del 3 de enero de 2026 y la captura del entonces presidente Nicolás Maduro, esto no significa que el sistema se haya modificado.

“La reducción de algunas de las formas más severas de represión es significativa, pero de ninguna manera constituye una transformación del sistema que las hizo posibles”, declaró Sofía Macher, presidenta de la Misión, en un comunicado de la ONU.

En el período posterior a la captura de Maduro, las autoridades excarcelaron a cientos de personas detenidas por motivos políticos y permitieron un margen algo mayor para las protestas, las reuniones públicas y la participación de la sociedad civil, pero “mientras no se desmantelen las estructuras represivas, se garantice la independencia judicial y se investigue y sancione debidamente a los responsables de violaciones de derechos humanos, cualquier apertura seguirá siendo frágil y reversible”, agregó Macher.

En ese sentido, el informe indica que siguen vigentes en Venezuela numerosas leyes utilizadas para criminalizar la disidencia y que conservan las mismas estructuras y prácticas los amplios servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad del país.

Al menos 19 funcionarios previamente identificados por la Misión por su participación en graves violaciones continúan ocupando puestos clave.

Además, sobre los mencionados colectivos no se tomó ninguna medida para desarmarlos y continúan siendo una fuente permanente de intimidación y violencia a nivel comunitario. 

Por otro lado, la misión de la ONU denuncia que periodistas y otros actores de la sociedad civil siguen enfrentando obstáculos en su labor cotidiana. 

Tortura a presos políticos

En el centro penitenciario de máxima seguridad El Rodeo I, la Misión documentó prácticas que incluyen la intubación forzada y el confinamiento prolongado en una cisterna subterránea sellada conocida como la “máquina del tiempo.” 

En la instalación militar Fuerte Guaicaipuro se comprobó el confinamiento de personas en celdas similares a fosas excavadas bajo el nivel del suelo, la exposición al frío, la privación de alimentos y otras prácticas degradantes. 

La Misión investigó 64 nuevos casos de tortura solo después del 3 de enero y concluyó que varios casos de muerte bajo custodia de personas detenidas por motivos políticos estuvieron relacionados con la falta de acceso a atención médica adecuada y con malos tratos, como el cas del vendedor ambulante Víctor Quero Navas.

“Instamos a las autoridades estatales a adoptar medidas decisivas hacia la rendición de cuentas y a establecer un marco de justicia transicional centrado en las víctimas,” afirmó María Eloísa Quintero, quien integra la Misión. 

Además, la Misión de la ONU encontró pruebas del respaldo político, financiación directa e indirecta, apoyo logístico y material, coordinación operativa y protección institucional, por lo que concluye que el Gobierno suministró regularmente a los colectivos armas de fuego, municiones, motocicletas, teléfonos móviles y equipos de radio como parte del aparato represivo estatal.

Los informes serán presentados ante el Consejo de Derechos Humanos el 18 de septiembre de 2026.

Agencia NA