Afiliados del PRO Tucumán pidieron suspender las internas y denunciaron irregularidades

Un grupo de afiliados del PRO Distrito Tucumán presentó un planteo ante la Justicia Federal Electoral para solicitar la nulidad de distintos actos vinculados con el proceso de normalización partidaria y la suspensión del cronograma de elecciones internas, previsto para el próximo 17 de octubre.

Los denunciantes cuestionan la Resolución de Convocatoria N.º 3/2026 y sostienen que durante el desarrollo del proceso se produjeron modificaciones que, según su interpretación, podrían afectar la igualdad entre los afiliados, la transparencia de la elección y el ejercicio de los derechos políticos dentro del partido.

El planteo incluye además un pedido de medida cautelar para frenar las distintas etapas del proceso hasta que la Justicia se expida sobre las cuestiones de fondo.

Cuestionamientos a las reglas de la elección

Uno de los principales puntos señalados por los afiliados está relacionado con el requisito de seis meses de antigüedad en la afiliación, previsto en la Carta Orgánica partidaria.

Según sostienen en la presentación judicial, la eliminación de ese requisito para la elección en curso modificaría el universo de personas habilitadas tanto para votar como para presentarse como candidatos.

Los denunciantes consideran que esa modificación se produjo con el proceso electoral ya iniciado y cuestionan que las condiciones de participación puedan cambiar durante el desarrollo de la convocatoria.

También plantearon objeciones vinculadas con la confección, certificación y exhibición del padrón de afiliados, además de cuestionar los mecanismos previstos para realizar impugnaciones.

A estos reclamos se suman observaciones sobre el cronograma electoral y las condiciones establecidas para la presentación y oficialización de listas.

Un reclamo presentado antes de acudir a la Justicia

De acuerdo con la documentación mencionada en la presentación, los afiliados ya habían realizado un reclamo formal el 7 de agosto ante el interventor del PRO Tucumán, Gabriel Santillán.

En aquella oportunidad solicitaron la suspensión y reprogramación del cronograma, la reapertura del período destinado a la exhibición e impugnación del padrón y una revisión de la fecha establecida para las elecciones.

Según sostienen los presentantes, el pedido establecía un plazo de 48 horas para obtener una respuesta y no habría recibido contestación por parte de la Junta Electoral.

El planteo judicial fue presentado ante la proximidad del vencimiento para la presentación de listas, previsto para este 25 de agosto a las 23:59.

Los afiliados argumentan que la continuidad del cronograma podría generar situaciones difíciles de revertir si posteriormente la Justicia determina que existieron irregularidades en el proceso.

Qué solicitaron ante la Justicia

Entre las medidas cautelares solicitadas se encuentran:

• Suspender el cronograma electoral interno del PRO Tucumán.
• Suspender el vencimiento y los efectos del plazo establecido para la presentación de listas.
• Evitar que las listas sean oficializadas, rechazadas o excluidas en función de los requisitos que actualmente son cuestionados.
• Frenar las siguientes etapas del proceso hasta que se resuelvan los planteos de fondo.
• En caso de que no se suspenda la recepción de listas, que sean recibidas y reservadas sin producir efectos hasta que exista una resolución judicial.

Los afiliados sostienen que estas medidas permitirían preservar los derechos de los participantes mientras se analiza la validez de las decisiones adoptadas durante el proceso de normalización.

El planteo sobre la democracia interna

El reclamo también incorpora una discusión más amplia sobre el funcionamiento interno del partido. Los denunciantes sostienen que las elecciones partidarias deben desarrollarse con reglas claras, previsibles y conocidas por todos los participantes.

En ese sentido, plantean que cualquier modificación de las condiciones electorales durante el proceso podría afectar la igualdad entre los distintos sectores que buscan participar de la interna.

Ahora será la Justicia Federal Electoral la que deberá analizar los argumentos planteados y determinar si corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada y, posteriormente, resolver los cuestionamientos de fondo.

Por el momento, las irregularidades mencionadas forman parte de un planteo judicial realizado por un grupo de afiliados y no constituyen una resolución judicial sobre la validez del proceso electoral interno.