El conflicto por tierras en Villa La Angostura suma un nuevo frente internacional

El conflicto mapuche en Villa La Angostura volvió a escalar, pero esta vez por una vía distinta a los desalojos, las sentencias civiles o los expedientes penales que se tramitan en Neuquén. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos abrió una nueva instancia internacional y le dio plazo al Estado argentino para responder por el caso de la comunidad Lof Paichil Antriao.

La discusión no se limita a Puerto Elma ni al camping del lago Correntoso. Esos dos puntos son apenas una parte visible de una disputa mucho más amplia, asentada sobre el histórico Lote 9, una superficie vinculada a la entrega que el Estado nacional realizó en 1902 a los caciques José María Paichil e Ignacio Antriao.

Sobre ese territorio conviven al menos 14 causas judiciales distintas, con una veintena de propietarios privados y el propio municipio de Villa La Angostura como partes demandantes frente a la comunidad Lof Paichil Antriao. La extensión del conflicto alcanza unas 625 hectáreas y muestra una trama judicial que excede largamente los casos más conocidos.

La novedad internacional no modifica, por ahora, lo resuelto por la Justicia argentina. Los expedientes de Puerto Elma y Correntoso ya tuvieron una definición firme de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que rechazó los recursos de queja el 6 de agosto. Por eso, el trámite ante la CIDH no revierte esos fallos ni suspende automáticamente los desalojos.

Un frente internacional para el Estado argentino

El 13 de agosto, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos envió una nota al canciller Pablo Quirno, firmada por el secretario ejecutivo adjunto Jorge Meza. En esa comunicación informó que recibió las observaciones de fondo presentadas por la comunidad en el caso N° 14.041, correspondiente a la Comunidad Indígena Mapuche Lof Paichil Antriao.

A partir de esa notificación, el Estado argentino cuenta con un plazo de cuatro meses, prorrogable hasta seis como máximo e improrrogable, para presentar su respuesta. Si no lo hace, la Comisión puede avanzar igualmente con base en la información disponible dentro del expediente.

El punto central es que el silencio oficial no frena el proceso: solo permitiría que la CIDH evalúe el caso con el relato y la documentación aportada por la comunidad.

El caso no debe confundirse con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La CIDH es un organismo de la OEA y puede emitir informes y recomendaciones. La Corte Interamericana, con sede en Costa Rica, interviene recién si el caso eventualmente es derivado por la Comisión.

En esta etapa, lo que está bajo análisis no son únicamente los lotes de Puerto Elma o Correntoso, sino un planteo estructural vinculado a la falta de resolución del relevamiento territorial previsto por la Ley 26.160. La comunidad sostiene que ese trabajo técnico estaba terminado desde hace años, pero que el INAI nunca lo convalidó.

La diferencia con los desalojos

El conflicto mapuche en Villa La Angostura tuvo en los últimos días un nuevo episodio con un desalojo, aunque en ese caso no se trató de la comunidad Lof Paichil Antriao, sino de la Melo-Quintriqueo. Esa causa está vinculada a una ejecución de sentencia con María Cristina Broers, una mujer de nacionalidad belga, por un lote que aparentemente fue vendido a una empresa.

Esa aclaración es importante porque muchas veces los distintos expedientes aparecen mezclados en la discusión pública. Sin embargo, cada causa tiene partes, antecedentes y estados procesales propios.

En el caso del camping Correntoso, también conocido como “Rincón de los Amigos”, la Municipalidad de Villa La Angostura obtuvo una definición favorable luego de que la Corte Suprema rechazara el recurso de queja. El intendente Javier Murer sostiene que solo resta avanzar con la ejecución.

En Puerto Elma, la causa vinculada a Ana María Bianchedi de Terzolo y Andrés Mattana Besozzi también quedó firme tras el rechazo de la Corte. En ese expediente, ahora se definen cuestiones vinculadas a las costas del proceso.

Los 14 juicios del Lote 9

El mapa judicial del Lote 9 muestra una superposición de títulos privados, reclamos comunitarios y expedientes en distintos momentos procesales. Además del municipio y los casos de Puerto Elma, aparecen otros frentes abiertos que todavía no llegaron a una definición final.

Uno de los expedientes más conocidos involucra a Emanuel “Manu” Ginóbili, por tierras en la zona del cerro Belvedere. En 2025 hubo una sentencia civil a favor del exbasquetbolista, dictada por el juez Francisco Astoul Bonorino, pero la comunidad apeló ante la Cámara de Apelaciones de San Martín de los Andes y esa instancia aún no fue resuelta.

En paralelo, en el fuero penal, dos integrantes de la comunidad fueron sobreseídos en 2024 en una causa por usurpación y amenazas vinculada al mismo predio. Esa diferencia entre lo civil y lo penal también se repite en otros expedientes.

La familia Salamida mantiene abierto un litigio civil por reivindicación. A la vez, una causa penal por usurpación derivada de un incidente en ese predio terminó en 2025 con la absolución de integrantes de la comunidad.

Otros reclamos vinculados a Lorenzo Ángel García Miglione, Federico Horacio Sommariva, María Alastenia Barría, William Henry Fisher, la familia Valdivia-Álvarez y el grupo Pérez Calvo-Caffe-Raviol-Corvalán, Bianchini y Bernardini continúan en trámite en instancias de primera instancia o Cámara, en Junín de los Andes y San Martín de los Andes.