¿De qué huye un hombre mayor colgado de una reja?

¿Quedar suspendido boca abajo, aferrado a los fierros de una reja durante tres horas en Ezpeleta, intentando escapar de un lugar que operaba en las sombras. O prender fuego un colchón en Santa Fe porque los días se arrastraban vacíos de comida y de dignidad. No estamos hablando de notas policiales aisladas ni de anécdotas de la crónica roja. Son fallas profundas, gritos desesperados que perforan la superficie de una sociedad que eligió esconder la vejez.

La pregunta que nos interpela no es qué impulsó a un hombre a quemar su cama o a otro a trepar un cerco para huir. La pregunta que duele y nos quiebra por dentro es otra: ¿Qué tiene que estar viviendo una persona para que prender fuego un colchón o arriesgar el físico en una fuga desesperada sean sus únicas formas de pedir auxilio?

Durante demasiado tiempo hemos naturalizado una ecuación perversa. Creemos que institucionalizar a una persona mayor es sinónimo de resolver el problema. Para muchas familias abrumadas, pagar una cuota mensual se convierte en un cheque al portador de la conciencia: se terceriza el cuerpo, se delega la presencia y se borra la responsabilidad afectiva, asumiendo que el cuidado se compra por kilo o por hora.

Como lo planteo en mi libro El Laberinto del Cuidado. Cuando el Amor No Alcanza, el cuidado genuino jamás puede descansar de manera exclusiva sobre los hombros de una sola persona, ni convertirse en una carga insostenible. Pero transferir la responsabilidad a una institución no exime a la familia de su humanidad. Cuidar no es simplemente transferir fondos; es sostener la mirada, es estar, es acompañar en los tramos más complejos del ciclo vital. Una familia puede necesitar recurrir a una residencia y seguir siendo profundamente presente. Lo trágico ocurre cuando la residencia se convierte en una tumba en vida y el silencio familiar, en cómplice del olvido.

¿Y qué pasa con quienes no tienen red, con los que fueron vaciados de vínculos o abandonados a su suerte? ¿Puede el Estado lavarse las manos escudándose en que «tienen familia»? La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, con jerarquía constitucional en nuestro país a través de la Ley 27.360, es terminante: el Estado es el garante último de los derechos fundamentales. No basta con firmar habilitaciones en los papeles o aparecer cuando la tragedia ya hizo estragos. ¿Cómo es posible que funcionen geriátricos clandestinos en pleno siglo XXI sin que ningún mecanismo de fiscalización municipal o provincial los detecte a tiempo?

La responsabilidad jurídica y administrativa del Estado choca contra la desidia institucional y la indiferencia social. Cuando una persona mayor deja de ser un sujeto pleno de derechos para transformarse en un mero número, en una «cama ocupada» dentro de un establecimiento que prioriza la rentabilidad por sobre la vida, el pacto social se quiebra por completo.

La clandestinidad de estos espacios no es solo un delito administrativo; es el síntoma doloroso de una cultura que incomoda la vejez, que invisibiliza el deterioro y que prefiere mirar hacia otro lado mientras los años pesan demasiado.

La pregunta final, la que queda resonando entre los escombros de un colchón quemado y el metal frío de una reja, es implacable: ¿Quién responde por una persona mayor cuando todos —familia, instituciones y Estado— deciden creer que el responsable siempre es otro?

Por Mg. Sonia Toledo
• Magíster en Gerontología
• Licenciada en Trabajo Social
• Licenciada en Mediación y Resolución de Conflictos
• Autora de El Laberinto del Cuidado. Cuando el Amor No Alcanza