Rutas nacionales: la Legislatura pidió explicaciones por fondos del combustible no ejecutados

La Legislatura de Neuquén aprobó una comunicación para pedir información sobre la situación patrimonial del Sistema Vial Integrado, conocido como SisVial, y conocer qué ocurrió con los fondos nacionales que debían destinarse a la construcción y mantenimiento de rutas en todo el país.

La iniciativa fue sancionada durante la 14° sesión ordinaria y apunta directamente al destino de una parte de los recursos que Nación recauda a través del impuesto sobre los combustibles líquidos. Ese tributo, que pagan diariamente los ciudadanos cada vez que cargan combustible, tiene una asignación vinculada a la infraestructura vial.

El planteo de fondo es claro: Nación recauda, pero las rutas no reciben la inversión que corresponde. En Neuquén, mientras tanto, muchas obras se sostienen con aporte provincial o mediante esquemas conjuntos con municipios. Esa diferencia quedó expuesta durante el debate legislativo, donde distintos bloques coincidieron en la necesidad de conocer qué pasó con los fondos.

La comunicación 308 no solo consulta por el destino del dinero, sino que también exige la transferencia automática de esos recursos a las provincias según su nivel de consumo de combustible. El objetivo es que la plata vuelva de manera directa a cada jurisdicción y pueda ser utilizada en mejoras viales concretas.

El reclamo por los fondos que no llegan a las rutas

La diputada Ludmila Gaitán, del MPN, fue una de las voces que puso el foco en la pregunta central: “¿Dónde están los fondos del impuesto a los combustibles?”. La legisladora recordó que esos recursos deben destinarse obligatoriamente a infraestructura vial y advirtió que Nación dejó de cumplir con ese destino.

Según detalló, desde diciembre de 2023 hasta la actualidad el fondo recaudó alrededor de un billón y medio de pesos, pero solo el 26% fue afectado a mantenimiento e infraestructura vial. La diputada precisó que la ejecución fue del 11% en 2024, del 39% en 2025 y apenas del 18,5% en lo que va de este año.

Gaitán sostuvo que es necesario conocer qué ocurrió con el 74% restante, es decir, “los tres de cada cuatro pesos que no fueron a rutas”. También indicó que, de acuerdo con información oficial, más de un billón de pesos fueron colocados en inversiones financieras y plazos fijos.

La frase que atravesó el debate fue contundente: “Nos cobran cada vez más, recaudan cada vez más, pero esa plata no llega a las rutas”. Con ese argumento, la Legislatura avanzó en un reclamo que tiene impacto directo en la provincia, donde el deterioro de corredores nacionales obliga muchas veces a respuestas locales.

El debate por el SisVial expuso una contradicción cada vez más visible: los neuquinos pagan impuestos nacionales al cargar combustible, pero la inversión vial no vuelve en la proporción necesaria al territorio.

Neuquén se hace cargo donde Nación no aparece

Durante la sesión, varios legisladores marcaron que la falta de inversión nacional termina trasladando responsabilidades a provincias y municipios. En Neuquén, esa situación se vuelve especialmente sensible porque la actividad hidrocarburífera, el turismo, la producción y el crecimiento demográfico exigen rutas en condiciones.

Desde Comunidad, Ernesto Novoa informó que Neuquén consume un millón trescientos mil litros de combustible por día, lo que genera una carga tributaria importante. Sin embargo, advirtió que ese dinero no se vuelca al mantenimiento de las rutas.

El legislador remarcó que “Neuquén dio respuesta con recursos propios” y pidió a los representantes nacionales que exijan la llegada de esos fondos. La definición resume una situación que se repite: ante la falta de ejecución nacional, la Provincia debe intervenir para sostener corredores estratégicos.

En la misma línea, Matías Martínez recordó que están por iniciarse trabajos de bacheo en frío sobre la Ruta 7, en el marco del plan de infraestructura vial del Gobierno provincial en la zona de Añelo. También destacó que Neuquén ejecuta la repavimentación de 600 kilómetros, aun cuando muchas de esas obras no deberían recaer sobre las arcas provinciales.

Ese esquema también se observa en intervenciones donde la Provincia trabaja con municipios para sostener infraestructura clave, como ocurre con obras urbanas y viales en corredores de alto tránsito, entre ellas la Ruta 22 en Neuquén. La lógica es la misma: cuando la respuesta nacional no llega, la Provincia y los gobiernos locales deben buscar soluciones para evitar que el deterioro siga avanzando.

Rutas deterioradas y un sistema que no responde

El diputado Claudio Domínguez, del MPN, aclaró que del impuesto a los combustibles líquidos solo un porcentaje menor se destina a infraestructura vial. También vinculó el estado de los caminos con la seguridad, al mencionar que en los últimos dos años y medio se produjeron diez mil siniestros viales fatales, de los cuales la mitad ocurrieron en rutas, y que gran parte de ellos se relacionan con el mal estado de la red.

Claudio Monzani, de Fuerza Libertaria, acompañó el pedido y remarcó que el objetivo es conocer qué se hizo con los fondos. Al describir el deterioro de rutas nacionales en la provincia, sintetizó su postura con una frase directa: “Ese impuesto va a cualquier lado menos a las rutas”.

El diputado Marcelo Bermúdez, del PRO-NCN, también votó a favor de la comunicación. Sostuvo que si el Gobierno nacional no va a invertir en rutas, no puede cobrar. Sin embargo, planteó una mirada distinta sobre el financiamiento vial al considerar que las rutas deberían ser financiadas por los gobernadores porque atraviesan las provincias.

Desde Unión por la Patria, Darío Peralta calificó como atinado consultar el destino de los recursos a un Gobierno nacional que, según señaló, “devastó la obra vial en el país”. Darío Martínez, del mismo bloque, acompañó el planteo y advirtió que los municipios tuvieron que asumir competencias y salir a bachear por contratos incumplidos de Nación.

El debate también incluyó críticas más amplias al sistema impositivo. César Parra, del PTS-FIT-U, sostuvo que se está utilizando un impuesto con asignación específica para sostener el superávit fiscal, mientras se desfinancian áreas y servicios sensibles.