EL VESTIDOR DE CIRIO Y LOS FAJOS DE DÓLARES: UN PERITAJE DESESTIMÓ LA AUTENTICIDAD DE LOS VIDEOS

El caso Insaurralde-Cirio sumó un capítulo clave que redefine el futuro de la investigación penal. Un informe del laboratorio forense del Ministerio Público Fiscal (DATIP) desestimó por completo la autenticidad de los siete videos aportados a la causa.

Aquellas imágenes que mostraban a la conductora Jésica Cirio en un vestidor junto a millones de dólares quedaron legalmente congeladas, abriendo un abismo de dudas sobre la procedencia de la prueba.La pericia técnica forense sobre el pendrive denominado “efecto 50” arrojó un resultado lapidario para la acusación.

Los archivos analizados registran como fecha de creación el 24 de junio de 2026, revelando el momento exacto de la copia al dispositivo USB y ocultando el momento real de la filmación. Al carecer de una fecha cierta, el material pierde su capacidad de ubicación temporal, un golpe al corazón de la estrategia que buscaba ligar ese dinero a las maniobras de enriquecimiento ilícito.

El análisis digital demostró que los videos sufrieron una severa «intermediación tecnológica» antes de llegar al expediente judicial. Los expertos detectaron que las marcas temporales internas de captura estaban en cero absoluto, lo que confirma procesos previos de edición, transcodificación o reenvíos masivos.

Para colmo, las sospechas de manipulación crecieron al comprobarse que varios archivos comparten exactamente la misma hora, minuto y segundo de modificación manual.La estocada final al valor legal del material provino de la ausencia total de un código hash de origen.

Sin esta firma matemática elemental, la informática forense se ve imposibilitada de garantizar que las imágenes no hayan sido alteradas desde el momento en que se grabaron.

Al no existir una huella digital que certifique la integridad y la trazabilidad, los videos pasaron a ser considerados jurídicamente como una simple copia de dudosa procedencia.Para rematar el cuadro de desprolijidades, los peritos descubrieron una grosera ruptura en la cadena de custodia al revisar el “efecto 51”.

La planilla oficial de la causa documentaba el secuestro de un pendrive, pero al abrir el sobre lacrado se toparon con una tarjeta micro SD de 32 GB. Invocando los estándares rigurosos del protocolo Minseg-MPF, la Justicia concluyó que la prueba es inverificable y que incorporarla violaría el debido proceso, dejando al expediente sin su evidencia más explosiva.