“Tienen más derechos que las víctimas; hiela la sangre”: el repudio de familiares por el uso de celulares en las cárceles
Buenos Aires, 7 junio (NA) — Familiares de víctimas expresaron su máximo repudio por el uso de celulares en las cárceles, al considerar que los asesinos «tienen más derechos» que sus seres queridos y manifestaron que la situación «hiela la sangre».
La Agencia Noticias Argentinas conversó con padres, madres y hermanos de trabajadores, estudiantes y hasta chicos asesinados en manos de delincuentes, que actualmente cumplen una condena, esperan una sentencia judicial o están libres.
Se trata de personas que tienen nombre y apellido, gente de carne y hueso que no es un número, como así lo considera la Justicia, que, en muchos casos, les da la espalda a las víctimas y favorece a los victimarios.
Lara, una adolescente con una vida por delante
Laura Fernández -una oficial de la Policía de la Ciudad- es la madre de Lara Fernández, una adolescente de 17 años que recibió un disparo el 1 de enero de 2022, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, por responsabilidad de cuatro ladrones -uno de ellos de 15 años- durante un intento de robo.
«Me indigna esta situación porque siento que tienen más derechos que las víctimas; tienen beneficios de todo tipo, realizan estafas y extorsiones con los celulares y se nos matan de risa en la cara. Pero lo que más me enfada es que los políticos de la provincia de Buenos Aires no lo ven (o lo ven pero no les conviene que saquen los dispositivos, como tantas otras cosas)», recriminó Laura.
La uniformada manifestó que «la gente está cansada» de la desidia estatal y judicial: «Tienen que empezar hacer bien las cosas y, más allá que los saquen, lo importante es poner inhibidores de señal porque siempre de alguna manera los vuelven a ingresar. A mí hija la mataron por un celular, es injusto. Le sacaron todas las posibilidades y a ellos dejan tener celular para que sigan delinquiendo».
La sentencia por el crimen de Lara aún no está firme a raíz de que la madre de la víctima presentó un recurso extraordinario ante la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires para revertir el veredicto
Alan Benjamín González Ávalos, Cristian Maidana y Leandro Nicolás Strassera fueron recibieron penas de 24, 20 y 21 años respectivamente por homicidio en ocasión de robo. El objetivo de Laura es que el caso sea caratulado como homicidio criminis causa (matar para ocultar otro delito), por lo que la única condena sería prisión perpetua.
En tanto, Martín Aguirre -el cuarto implicado en el crimen- nunca será juzgado porque era menor de edad al momento de los hechos.
El dolor de la madre de Uma
El 22 de enero de 2024, Uma Aguilera se encontraba junto a su padre, Enrique Aguilera, quien era custodio de la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuando fueron abordados por los ladrones en la puerta de su casa en Villa Centenario, Lomas de Zamora.
Los malhechores efectuaron tres disparos, uno de los proyectiles impactó en el parante trasero y un segundo tiro ingresó por la ventanilla del auto. Pese a que se dispusieron todas las herramientas necesarias para la atención médica de Uma, horas después los médicos del Hospital Churruca constataron su deceso.
Ariel Acuña Vega, Axel Emiliano “Pelusa” Rojas y Miguel Pastor “Patoto” Romero Molinas recibieron la máxima pena prevista en el Código Penal, al tiempo que Guillermo “Paraguayo” Romero Molinas fue sentenciado a 12 años tras un juicio abreviado.
María Eugenia Rodríguez -madre de la víctima e integrante de la Policía Federal- conversó con NA y manifestó su indignación por el uso de teléfonos en los complejos penitenciarios: «La tenencia de los celulares me causa mucho dolor, bronca e impotencia, ya que mientras ellos mantienen un contacto diario con sus familiares, los familiares de las víctimas no pueden verlos ni escuchar su voz y sufren la Ausencia Perpetua de sus seres queridos».
En este sentido, consignó que el beneficio «se dio en la pandemia», pero «actualmente cada vez más se evidencia el uso de este dispositivo para la comisión de delitos e incluso realizar amenazas a los familiares de las víctimas que aún siguen peleando día a día para que su ser querido tenga justicia».
«La quita de celulares es una lucha que tenemos los familiares de las víctimas y es nuestro anhelo que suceda pronto, ya que es parte de una justicia justa», sostuvo María Eugenia.
Ezequiel Altamira
Paola Eiroa, mamá de Ezequiel Altamira, un chico de 16 años asesinado el 25 de octubre de 2024 por tres adolescentes a la salida de un boliche en Parque Leloir, remarcó que a su hijo «lo mataron por un celular» y calificó de «insulto» que los acusados «tengan todos sus derechos intactos» ya que gozan de un «techo», «televisión», «frazadas», «comida» e «Internet».
«Nosotros vivimos una tristeza perpetua y con miedo para siempre, Ezequiel no pudo disfrutar nada de su vida por un celular», añadió Paola.
Juan Carlos Cruz, un cirujano asesinado a sangre fría
Victoria Cruz es la hermana de Juan Carlos Cruz, un cirujano de 52 años asesinado por menores delincuentes en agosto de 2023 en Morón, zona oeste del Conurbano bonaerense.
La mujer expresó sentir «bronca e impotencia» porque los implicados en el crimen publicaron «fotos en verano, en la pileta», a pesar de estar alojados en un centro de adolescentes de Virrey del Pino.
Juan Carlos tenía 52 años.
Fotografía: Agencia NA (redes sociales)
«Mí hermano no puede disfrutar más nada gracias a ellos y nosotros no tenemos ni plata para comprar una pileta. Con 40 grados tuvimos que salir a trabajar. Y ellos disfrutan muchos beneficios que no se merecen. Merecen el mismo tiro que le dieron a mí hermano», exclamó Victoria.
Sebastián Ochoa, asesinado a una semana de ser padre
Sebastián Ochoa tenía 26 años cuando el 19 de enero de 2024 cuatro motochorros lo asaltaron para sustraerle su auto en una estación de servicio, donde uno de los delincuentes lo acribilló a balazos en José C. Paz. El juicio se realizará en septiembre.
Elizabeth, la madre del joven, recordó que, al día siguiente, su hermana cumplía 15 años y fue al velorio, mientras que el 27 de enero nació la hija de Sebastián y «el 8 marzo era su cumple, todos fuimos todos al cementerio».
Sebastián Ochoa iba a ser padre.
Fotografía: Agencia NA (redes sociales)
«Nosotros sobrevivimos mendigando justicia, mientras ellos (los ladrones) festejan cumpleaños, ven a sus familiares, los abrazan, suben fotos y se visten de primera», criticó, a la vez que agregó: «No tenemos derechos, no tenemos paz, no tenemos respeto por nuestro ser querido. Son ignorados los derechos de mi hijo. Los derechos son para los asesinos».
Valentín Bosa
Ángeles, la madre de Valentín Bosa, un joven de 18 años asesinado a puñaladas por un adolescente de 16 en San Martín, también se mostró en desacuerdo por el uso de celulares en las cárceles.
Valentín tenía 18 años.
Fotografía: Agencia NA (redes sociales)
«Los usan para las estafas virtuales y para burlarse hacia los que tenemos hijos que murieron en manos de estos seres despreciables, que no merecen llamarse seres humanos. Son asesinos que deben cumplir su condena sin celulares. Lo utilizan para seguir lastimando, robando y burlándose del sistema que beneficia siempre a los asesinos, y nunca favorece al laburante», consignó la familiar de la víctima
Zaira Rodríguez
Sandra, madre de Zaira, una piloto de kartings asesinada de un disparo en la cabeza durante un robo perpetrado en la localidad de Villa Ballester, partido de San Martín, fue otra de los tantos seres queridos de las víctimas que rechazan el trato para con los malvivientes.
«Los padres que esperamos la lentitud de la Justicia, en el mientras tanto, no perdemos de vista lo que publican la familia y los asesinos. Hiela la sangre leer y ver publicaciones cuando las familias los van a ver, como ese día de la madre que me tocó ver publicada esa imagen y dije ‘esta todavía muestra un certificado de nacimiento de su hijo’, yo muestro un certificado de defunción», señaló.
Zaira Rodríguez.
Fotografía: Agencia NA (redes sociales)
De acuerdo a su testimonio, «ver eso en las redes sociales duele una y otra vez», al tiempo que aclaró: «Muchas veces esto se confunde con venganza y no se trata de eso, es la igualdad de condiciones que no sé donde encajaría ya que no hay respuestas para los derechos de las víctimas».
«Quieren visitas, se las dan, quieren redes sociales, les dan todo para que estén conectados, quieren salidas, también se las conceden. Pero al cementerio no van», como así tampoco a «las casas de los familiares a preguntar si están bien», cuestionó, y concluyó: «A los juzgados no va nadie para ver cómo trabajan los jueces y los fiscales».
Las amenazas a la familia de Gianfranco Di Luciano
Francisco, padre de Gianfranco Di Luciano, asesinado de un tiro el 14 de abril de 2024 en un local nocturno de San Justo, partido de La Matanza, por Yoel Taiel Tambussi, condenado a 34 años por ese crimen y otro homicidio cometido en 2023, le contó su historia a la Agencia Noticias Argentinas e hizo hincapié en el persistente uso de celulares del culpable.
Gianfranco era un joven de 20 años.
Fotografía: Agencia NA (redes sociales)
«Desde el día uno que por órdenes del malandra, arrancaron a hostigarnos por las redes sociales. A los pocas semanas del crimen, ya pude ubicarlo a él y parte de su banda en Instagram. Resulta que el sucio como mínimo, hacía vivos con las tranzas que siempre lo rodearon. Esto fue denunciado por supuesto. Meses más tarde, volví a ubicarlo, tras cambiarse de cuenta y en esta oportunidad, formaba parte de un grupo denominado ‘me reí de tu fiambre’ y subió una foto desafiante con una faca gigante, mirando a la cámara y con una canción que decía ‘las rejas no son para siempre’, en un mensaje claramente intimidatorio», describió.
Ante este escenario, radicó otra denuncia en la Justicia y solicitó allanamientos, pero no hubo respuestas concretas.
Sin embargo, «volví loco al Servicio Penitenciario Bonaerense, al secretario de ‘Justicia y Derechos humanos’ (para los delincuentes que roban para ellos) provincial y solo tuve una respuesta muy tibia que quedó en la nada».__IP__
«Por este último motivo, no tengo las pruebas en mano, pero si a 15 días del juicio, me tiran una estatuilla tumbera de San La Muerte en mi casa, y teniendo más de 8 amenazas, hostigamientos y atentados contra mi persona, es evidente que alguna relación podría existir entre el mugroso, la gente de la banda que sigue afuera y los acontecimientos antes descriptos», consideró.



