Juicio político contra una jueza en Tucumán: denuncian falta de imparcialidad en una causa vinculada a Rodolfo Burgos

Una nueva presentación judicial volvió a colocar en el centro de la escena al caso que involucra al abogado Rodolfo Tercero Burgos, condenado en primera instancia por abuso sexual infantil y posteriormente beneficiado con la anulación de esa sentencia por parte de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.

La abogada Daniela Marina Moris, en representación de su hija, víctima de abuso sexual, formalizó un pedido de juicio político y destitución contra la vocal de la Cámara Contencioso Administrativa, María Florencia Casas, a quien acusa de haber intervenido en actuaciones vinculadas al caso pese a mantener vínculos familiares y personales con Burgos.

La presentación, que ingresó bajo el expediente N° 9299/26, sostiene que la magistrada incurrió en falta de imparcialidad, negligencia inexcusable y violencia institucional, solicitando además que sea apartada de cualquier expediente relacionado directa o indirectamente con el abogado.

Los vínculos señalados en la denuncia

Según la presentación, la relación entre Rodolfo Tercero Burgos y la familia Casas se remonta a varias décadas.

Entre los antecedentes mencionados se destaca que Burgos ingresó en 1994 al Tribunal Oral Federal por designación de Gabriel Casas, padre de la magistrada y figura de relevancia dentro de ese tribunal.

La denuncia también recuerda que Laura Julieta Casas, hermana de María Florencia Casas y actual jueza de Impugnación, mantuvo una relación sentimental con Burgos durante más de doce años.

Además, Moris incorpora publicaciones en redes sociales donde Burgos exhibe una relación de amistad con Carlos Arias, esposo de la vocal cuestionada. En una de esas publicaciones, Burgos celebró más de dos décadas de amistad con la frase: “20 años no es nada”.

Para la denunciante, estos antecedentes eran suficientes para que la magistrada se excusara de intervenir en causas donde existieran cuestiones vinculadas al abogado.

El Habeas Data contra el Colegio de Abogados

Uno de los ejes centrales del pedido de juicio político se vincula con una acción de Habeas Data iniciada por Moris contra el Colegio de Abogados de Tucumán.

La denunciante sostiene que, durante la tramitación de ese expediente, la vocal habría adoptado medidas que excedían lo solicitado por las partes, incorporando resoluciones destinadas —según afirma— a favorecer la situación institucional y profesional de Burgos.

Entre otras cuestiones, cuestiona que se hayan requerido certificaciones relacionadas con la situación procesal del abogado y que se hayan convalidado respuestas incompletas brindadas por el Colegio de Abogados respecto de sus antecedentes.

Cuestionamientos al Colegio de Abogados

La presentación también dirige fuertes críticas contra el Colegio de Abogados de Tucumán.

Según Moris, la institución mantuvo durante años una actitud pasiva frente a las denuncias formuladas contra Burgos y no impulsó medidas disciplinarias pese a la gravedad de los hechos investigados.

La denunciante sostiene que el abogado continúa participando activamente de la vida institucional del Colegio, integrando sectores vinculados al oficialismo que conduce actualmente la entidad.

Por ese motivo, la presentación habla de una presunta «protección corporativa» y reclama una investigación profunda sobre el accionar de las autoridades colegiales.

El caso Rodolfo Tercero Burgos

La controversia tiene como antecedente la condena a cinco años de prisión que había recibido Rodolfo Tercero Burgos por abuso sexual contra una menor.

Sin embargo, el fallo fue posteriormente anulado por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, integrada por Daniel Leiva, Daniel Posse y Claudia Sbdar.

Los magistrados consideraron que durante el juicio se había vulnerado el derecho de defensa al no permitir el contrainterrogatorio de una psicóloga cuyos informes fueron considerados relevantes para la acusación.

Como consecuencia, ordenaron la realización de un nuevo juicio y establecieron que, en caso de una futura condena, no podrá imponerse una pena superior a la que había sido fijada originalmente.

La decisión generó una fuerte controversia pública y reactivó los reclamos de la familia de la víctima, que sostiene que existen suficientes pruebas para acreditar los abusos denunciados.

Denuncian violencia institucional y revictimización

En su presentación, Moris sostiene que la permanencia de la vocal María Florencia Casas en expedientes vinculados al caso configura una forma de violencia institucional hacia su hija.

La denuncia recuerda además que la ex camarista Ester Valderrábano de Casas, madre de la magistrada, ya había sido apartada en actuaciones relacionadas con Burgos por cuestionamientos vinculados a decisiones adoptadas durante procesos de revinculación familiar.

Por ello, la denunciante solicitó la apertura formal del procedimiento de juicio político, una auditoría integral sobre las actuaciones desarrolladas por la vocal en el expediente cuestionado y la adopción de medidas preventivas para impedir su intervención futura en causas relacionadas con Burgos.

Asimismo, reclamó que el planteo sea tratado con carácter urgente debido a que involucra derechos de una niña víctima de violencia sexual, invocando estándares internacionales de protección previstos en la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención de Belém do Pará y las Reglas de Brasilia.

Fuente: el tucumano