Nuevo frente regional contra el crimen organizado: qué implica el acuerdo firmado entre Argentina y Chile
En el marco de una cumbre celebrada en Santiago, la delegación oficial de Argentina suscribió, junto con las administraciones de Chile, Bolivia, Ecuador y Perú, el Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional, una proclama de carácter político confeccionada para estrechar los lazos colaborativos de la periferia frente a la expansión del crimen organizado. La comitiva de la Casa Rosada estuvo integrada por el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, y la titular del área de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quienes participaron del encuentro convocado por las autoridades del territorio trasandino.
El pacto resultante propugna la urgencia de establecer una réplica continental extendida y coordinada para hacer frente a las redes que integran las corporaciones criminales transnacionales, articulando políticas operativas, técnicas y de gestión comunes entre los ministerios pertinentes, además de mantener abiertas las instancias de adhesión para aquellos Estados que resuelvan sumarse a la iniciativa en el futuro inmediato.
Con la mira puesta en estructurar medidas operacionales con metodologías de control mensurables, los firmantes estipularon la creación de un Grupo de Trabajo multisectorial cuyo objetivo será la redacción definitiva de un Plan de Acción Conjunto contra este tipo de crimen organizado. Esta comisión especializada deberá celebrar su sesión inaugural técnica en un plazo máximo de 90 días, contemplando un segundo cónclave evaluativo a los 180 días con el fin de auditar los avances conseguidos por ministerios y cancillerías.
La declaración toma como basamento y guía a la Convención de Palermo de las Naciones Unidas, focalizándose de manera complementaria en la optimización de los controles fronterizos, los canales de información interna y la trazabilidad de los capitales de origen ilegal que financian al crimen organizado.Para neutralizar los alcances de estas redes de delincuencia transnacional, el protocolo propone coordinar tareas con organismos existentes como la Comunidad Andina y el Mercosur para suprimir superposiciones institucionales.
El abordaje contra estas bandas internacionales exige robustecer las políticas de integridad, la lucha anticorrupción y el blindaje de las agencias del Estado, erigiéndose este pacto como un punto de partida frente al tráfico de estupefacientes, el blanqueo de activos y la trata de personas.


