PAMI endurece controles y da de baja a 1500 prestadores por posibles fraudes
Mediante una comunicación oficial elaborada conjuntamente con la cartera sanitaria nacional, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, conducido por su director ejecutivo Esteban Leguízamo, resolvió la remoción del padrón de más de 1.500 prestadores en todo el territorio argentino a raíz de anomalías severas, impulsando además dos denuncias en el fuero penal por maniobras de corrupción detectadas en Chaco y Tucumán. Según una nota de Infobae, las desvinculaciones concretadas por el PAMI derivan de inspecciones estables que arrojaron la existencia de tres tipologías de contravenciones específicas, como lo son, la percepción de aranceles indebidos, la liquidación de prácticas médicas inexistentes que configuran un presunto fraude financiero y deficiencias de infraestructura en inmuebles que incumplían las pautas de salubridad vigentes.
Desde el organismo argumentaron que los beneficiarios tienen derecho a recibir coberturas seguras, prestaciones con estándares de calidad y una administración financiera saneada que destine sus partidas presupuestarias exclusivamente a la preservación de la salud.
Según el portal informativo, dentro de este marco de fiscalización, las auditorías técnicas de la obra social de la clase pasiva revelaron transgresiones administrativas y vulneraciones a la legislación de derechos del paciente en el policonsultorio tucumano Sanarte S.R.L., el cual carecía de habilitación comunitaria al día y empleaba profesionales sin matrículas registradas. Los inspectores comprobaron la asignación de turnos cada sesenta segundos bajo la modalidad de orden de llegada y dilaciones de tres semanas para especialidades críticas, sumando una vasta cantidad de facturaciones remitidas al PAMI que no poseían historias clínicas firmadas ni documentación de respaldo.
En tanto, en la seccional chaqueña, el expediente EX-2025-32083683-INSSJP-GPM#INSSJP determinó la rescisión contractual y la presentación judicial contra el médico J.C., cuyos descargos fueron calificados como insuficientes por las áreas legales al constatarse distorsiones en las prestaciones facturadas.
Esta campaña de control se acopló a las medidas adoptadas por el instituto previsional desde el inicio de la gestión de Leguízamo, quien en noviembre de 2025 denunció una defraudación multimillonaria basada en órdenes electrónicas apócrifas, derivando en seis expedientes activos tramitados en los tribunales federales y la UFI-PAMI. Auditorías subsiguientes de febrero de 2026, difundidas por Infobae, expusieron sobrevolúmenes fácticos inverosímiles en cardiología y gastroenterología, registrándose casos de profesionales que declararon cientos de prácticas diarias que habrían demandado jornadas continuas superiores a las cien horas.
Para neutralizar el desvío de fondos, el PAMI fijó topes automáticos y el uso obligatorio de su plataforma de turnos virtuales, robusteciendo su auditoría interna en abril de 2026 con el nombramiento de María Florencia Zicavo como Síndico General. Desde la entidad aclararon que fiscalizar no constituye una persecución y aseguraron que la reestructuración del padrón no alterará la continuidad de las terapias gracias al soporte de su red de cobertura remanente.
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