Denuncia contra funcionarios de Chahla abre un nuevo frente político y judicial en la Capital

Entre los funcionarios denunciados aparece Luciano Chincarini, secretario de Servicios Públicos del municipio, señalado como uno de los principales responsables de los expedientes observados. Según el escrito, además de desempeñarse en el Ejecutivo municipal, Chincarini figura como empleado de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán, situación que reavivó cuestionamientos sobre la influencia política del diputado nacional Carlos Cisneros dentro de la estructura municipal.

La denuncia plantea dudas sobre si el funcionario solicitó licencia en la entidad provincial para asumir funciones municipales o si habría existido una eventual superposición de haberes públicos, algo prohibido por la Constitución de Tucumán.

Además de Chincarini, la presentación judicial alcanza al contador general Marcelo Albaca Petersen; a la secretaria de Gobierno, Camila Giuliano; al secretario general Rodrigo Andrés Gómez Tortosa; y al secretario de Economía y Hacienda, Sebastián Ruiz Toscano. También incluye a cualquier otra persona que pudiera surgir como responsable durante la investigación.

En el escrito, González sostiene que existirían elementos suficientes para investigar posibles delitos como incumplimiento de deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, fraude por administración infiel agravado, negociaciones incompatibles con la función pública, cohecho pasivo y enriquecimiento ilícito.

La denuncia describe un esquema de contrataciones directas con cooperativas de trabajo destinadas a tareas de desmalezamiento, limpieza y mantenimiento de espacios públicos. Según la presentación, los expedientes habrían utilizado reiteradamente la figura de “necesidad y urgencia” prevista en la Ordenanza de Contabilidad N.º 570/80, pese a tratarse de servicios considerados previsibles y habituales.

La concejala también afirmó que varias de las cooperativas contratadas no figuraban registradas en el padrón municipal de proveedores ni contaban con inscripción tributaria completa al momento de las adjudicaciones. Algunas habrían regularizado su situación recién después de firmar los contratos.

Entre los casos detallados en la denuncia figura la contratación de la cooperativa “Juntos para Vivir Mejor Ltda.” por casi 17 millones de pesos, monto que posteriormente habría sido ampliado a más de 33 millones. También se menciona la adjudicación a Obeid Alberto Nicolás por más de 165 millones de pesos para tareas de mantenimiento en la Sección 2, además de contratos con las cooperativas “Profeta Isaías Ltda.” y “REMACOOP Ltda.” por montos superiores a los 188 millones de pesos cada una.

Según el planteo judicial, en todos los casos se habría repetido un mismo esquema administrativo sustentado en excepciones previstas por decretos de emergencia ambiental. La denunciante sostiene que los montos asignados resultarían excesivos en relación con los servicios efectivamente prestados y la cantidad de trabajadores necesarios para ejecutarlos.

Otro de los puntos incorporados al expediente involucra la situación financiera del contador general Marcelo Albaca Petersen. La denuncia menciona registros públicos de la Central de Deudores del Sistema Financiero del Banco Central correspondientes a octubre de 2025, donde figuran obligaciones crediticias superiores a los 415 millones de pesos con el Banco Nación, además de deudas con entidades privadas.

González solicitó a la Justicia distintas medidas de prueba, entre ellas allanamientos, secuestro de documentación y pedidos de informes a organismos públicos.

La presentación también relaciona el caso con un antecedente reciente ocurrido en la Caja Popular de Ahorros, donde días atrás se declaró nula la designación del abogado José César Díaz por haber percibido simultáneamente dos remuneraciones estatales durante 31 meses. La resolución incluyó la devolución de fondos y la apertura de un sumario administrativo.

Tras conocerse la denuncia, Luciano Chincarini cuestionó públicamente la presentación y aseguró que se trata de una “maniobra electoral” sin sustento jurídico.

La causa se encuentra en una etapa inicial y ahora la Justicia deberá determinar si las contrataciones observadas constituyen irregularidades administrativas o si existen elementos suficientes para configurar delitos penales.

Fuente: El Federalista