Escándalo en la Caja Popular: anulan designación de un hombre cercano a Cisneros y reclaman más de $600 millones

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El punto más delicado señalado por la resolución es la supuesta “desviación de poder”. De acuerdo con el documento oficial, la designación de Díaz en un cargo jerárquico de planta permanente habría tenido como verdadero objetivo garantizarle estabilidad laboral dentro de la administración pública una vez finalizadas sus funciones políticas al frente de la Caja Popular.

“El acto no se dictó para satisfacer el interés público o las necesidades operativas del organismo, sino con el único fin personal de asegurarle al beneficiario un puesto de estabilidad en la carrera administrativa”, sostiene el texto oficial.

La resolución anula no solo la designación del 21 de junio de 2023 sino también todos los actos y efectos derivados de ella. Además, instruye a la Asesoría Letrada, la Gerencia de Personal y la Contaduría General de la entidad a determinar con precisión el monto del perjuicio económico y avanzar con las acciones judiciales y administrativas necesarias para recuperar los fondos.

También se dispuso la apertura de un sumario administrativo, con un plazo de 60 días para su finalización, y se notificó formalmente la medida al Tribunal de Cuentas.

La investigación gira en torno al presunto cobro simultáneo de dos remuneraciones públicas durante 31 meses: una correspondiente al cargo político de interventor y otra derivada del puesto de planta permanente obtenido mediante la resolución ahora anulada. Según los cálculos preliminares incorporados en el expediente, el salario correspondiente al cargo de planta permanente rondaba los $11,5 millones mensuales en 2023 y llegó a aproximadamente $13 millones en 2026 tras las actualizaciones salariales.

Tomando un promedio conservador de $12,26 millones mensuales, el monto percibido solo por ese cargo habría alcanzado unos $380 millones en 31 meses. A eso se sumarían las remuneraciones cobradas como interventor, lo que elevaría el presunto perjuicio económico total a más de 600 millones de pesos.

El caso se da en el marco de las auditorías y revisiones impulsadas sobre la gestión anterior de la Caja Popular, período en el que Díaz —considerado cercano al diputado nacional Carlos Cisneros— estuvo al frente de la intervención de la entidad.

Con esta resolución, la actual conducción de la Caja Popular convalidó las observaciones técnicas y jurídicas realizadas por el Tribunal de Cuentas y avanzó formalmente en la revisión de una de las decisiones administrativas más cuestionadas de la gestión anterior.