Gas y nafta: el Gobierno pone en marcha estrategias para limitar los aumentos
El Gobierno nacional ha puesto en marcha un esquema de asistencia para los beneficiarios de subsidios y evalúa un plan de pagos para el excedente en el costo del gas importado, buscando así mitigar los aumentos del gas y la nafta. Esta estrategia de intervención indirecta surge en un periodo de fragilidad política y estancamiento económico, donde la gestión oficial intenta amortiguar el impacto del crudo internacional, cuyo precio escaló un 67% desde enero.
Según un análisis de La Nación, en el sector de los combustibles, existe un acuerdo informal donde las productoras financian a las refinadoras vendiendo el petróleo por debajo de la paridad de importación, lo que ha generado un retraso del 15% en los surtidores. A pesar de esta brecha, el mercado local se mantiene expectante ante los movimientos de YPF, empresa que concentra el 55% de las ventas y que ha postergado los aumentos del gas y la nafta durante el último mes y medio para contener la inflación y responder a una baja del 10% en la demanda de consumo.
En este marco, el presidente de YPF, Horacio Marín, informó recientemente a los inversores que la compañía terminará trasladando los costos, aunque la implementación final dependerá de la evolución de la macroeconomía y la demanda interna. A diferencia de países como Brasil, que redujeron la carga impositiva, la administración argentina incrementó el tributo a los combustibles en mayo, forzando un ajuste adicional en el precio del litro de nafta súper, que ya supera los $2000 en la Ciudad de Buenos Aires.
El portal informativo destacó que estas subas en energía y transporte reflejan la presión del mercado global, donde el faltante de crudo y la prima de exportación del petróleo de Vaca Muerta empujan los valores al alza, obligando al Ejecutivo a gestionar las variaciones en servicios y carburantes de forma que no se disparen los índices de precios al consumidor.
Respecto al suministro de gas, el medio de comunicación informó que el Estado decidió suspender la privatización de las importaciones de gas natural licuado, manteniendo la operatividad bajo la órbita de Enarsa para evitar que el precio internacional impacte de lleno en las boletas residenciales. Mientras tanto, se envió al Congreso una reforma para el Régimen de Zonas Frías que busca limitar los subsidios en regiones sin severidad climática extrema. La intención oficial es aplanar el impacto tarifario mediante el pago en cuotas de los costos de invierno durante la primavera, una medida que busca aliviar el peso de los aumentos del gas y la nafta en los hogares.
No obstante, para los sectores industriales, la Secretaría de Energía ha dispuesto que el suministro dependa de la capacidad de pago de precios de mercado, consolidando una política que prioriza el equilibrio de las cuentas públicas frente a la crisis energética.


