Millonarias contrataciones a empresa vinculada a la familia de la diputada Gladys Medina y el ministro Darío Monteros generan cuestionamientos por posible conflicto de intereses
Banda del Río Salí / San Miguel de Tucumán —
Las contrataciones reviven debates sobre posibles conflictos de intereses, ya que la firma está públicamente asociada a Lara Ramírez, hija de la diputada nacional Gladys Medina e hijastra del propio ministro Monteros.
Según los decretos N° 222/10 (MI) y N° 223/10 (MI):
- Decreto 222: $60.094.080 por indumentaria para 360 jóvenes y cuerpo técnico de los Juegos Nacionales Evita 2025.
- Decreto 223: $44.390.791 por equipamiento para la delegación tucumana en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR) 2025.
Las facturas corresponden a Estoico Indumentaria, a nombre de Tatiana Bella Toledo (CUIT 20-44639748-7, domicilio en Bolívar 671, Banda del Río Salí).
La titularidad de la empresa
Si bien Tatiana Bella Toledo (CUIT N° 20446397487 ) figura como titular registral, múltiples evidencias públicas asocian la operación real a Lara Ramírez:
- Empleados de la empresa la mencionan y agradecen en videos.
- Imágenes de actos políticos muestran remeras y bolsas de “Estoico Indumentaria” en eventos de Gladys Medina.
- La firma provee indumentaria a diversas comunas rurales (ej. Las Cejas, San Pablo de Villa Nougués), donde se observan prendas con logos comunales.

Contexto familiar y político
Gladys Medina (diputada nacional) y Darío Monteros (ministro del Interior) conforman una de las parejas con mayor influencia en el oficialismo tucumano. Monteros también es padre del intendente de Banda del Río Salí, Gonzalo Monteros.
El traslado de Deportes al Ministerio del Interior
Un elemento que suma atención es la decisión del gobierno provincial de agosto de 2025: mediante DNU N° 6/10 (MI), se transfirieron todas las competencias de fomento y promoción deportiva desde el Ministerio de Educación al Ministerio del Interior. La medida se justificó por mayor eficiencia y cercanía con municipios y comunas.
Esto ocurrió pocos meses antes de las contrataciones mencionadas. Surge la pregunta —aún sin respuesta oficial— de si el cambio facilitó un control más directo sobre las licitaciones y compras en el área deportiva.
Cuestiones penales y éticas planteadas








