Millonarias contrataciones a empresa vinculada a la familia de la diputada Gladys Medina y el ministro Darío Monteros generan cuestionamientos por posible conflicto de intereses

Millonarias contrataciones a empresa vinculada a la familia de la diputada Gladys Medina y el ministro Darío Monteros generan cuestionamientos por posible conflicto de intereses

Millonarias contrataciones a empresa vinculada a la familia de la diputada Gladys Medina y el ministro Darío Monteros generan cuestionamientos por posible conflicto de intereses.

Banda del Río Salí / San Miguel de Tucumán

El Ministerio del Interior de Tucumán, a cargo de Darío Monteros, adjudicó más de 104 millones de pesos a la empresa Estoico Indumentaria para proveer indumentaria deportiva oficial a delegaciones provinciales. Las contrataciones, formalizadas mediante decretos en febrero de 2026, corresponden a dos procesos licitatorios en los que participaron tres empresas, resultando beneficiada Estoico por haber presentado la mejor (menor) oferta en la apertura de sobres.

Las contrataciones reviven debates sobre posibles conflictos de intereses, ya que la firma está públicamente asociada a Lara Ramírez, hija de la diputada nacional Gladys Medina e hijastra del propio ministro Monteros.

Las adjudicaciones

Según los decretos N° 222/10 (MI) y N° 223/10 (MI):

  • Decreto 222: $60.094.080 por indumentaria para 360 jóvenes y cuerpo técnico de los Juegos Nacionales Evita 2025.
  • Decreto 223: $44.390.791 por equipamiento para la delegación tucumana en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR) 2025.

Las facturas corresponden a Estoico Indumentaria, a nombre de Tatiana Bella Toledo (CUIT 20-44639748-7, domicilio en Bolívar 671, Banda del Río Salí).

En ambos decretos se detalla que se presentaron tres empresas y que, tras la apertura de sobres, Estoico Indumentaria resultó ganadora por ofrecer el menor precio. Los pagos fueron imputados a partidas de “ayudas sociales a personas” del Presupuesto 2026.

La titularidad de la empresa

Si bien Tatiana Bella Toledo (CUIT N° 20446397487 ) figura como titular registral, múltiples evidencias públicas asocian la operación real a Lara Ramírez

  • Empleados de la empresa la mencionan y agradecen en videos.
  • Imágenes de actos políticos muestran remeras y bolsas de “Estoico Indumentaria” en eventos de Gladys Medina.
  • La firma provee indumentaria a diversas comunas rurales (ej. Las Cejas, San Pablo de Villa Nougués), donde se observan prendas con logos comunales.

Contexto familiar y político

Este caso se enmarca en denuncias previas sobre un supuesto entramado familiar vinculado al entorno de Darío Monteros. En abril de 2026, circularon documentos que señalaban la presencia de familiares y allegados en cargos clave del Estado provincial, Legislatura y comunas, particularmente en Banda del Río Salí. Entre ellos se mencionaba explícitamente a
Lara Ramírez como proveedora de ropa a organismos estatales.

Gladys Medina (diputada nacional) y Darío Monteros (ministro del Interior) conforman una de las parejas con mayor influencia en el oficialismo tucumano. Monteros también es padre del intendente de Banda del Río Salí, Gonzalo Monteros.

El traslado de Deportes al Ministerio del Interior

Un elemento que suma atención es la decisión del gobierno provincial de agosto de 2025: mediante DNU N° 6/10 (MI), se transfirieron todas las competencias de fomento y promoción deportiva desde el Ministerio de Educación al Ministerio del Interior. La medida se justificó por mayor eficiencia y cercanía con municipios y comunas.

Esto ocurrió pocos meses antes de las contrataciones mencionadas. Surge la pregunta —aún sin respuesta oficial— de si el cambio facilitó un control más directo sobre las licitaciones y compras en el área deportiva.

Cuestiones penales y éticas planteadas

Los hechos plantean posibles configuraciones de negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265 del Código Penal), que castiga a funcionarios que intervengan en contratos del Estado teniendo interés personal o de familiares. También se mencionan figuras como tráfico de influencias o cohecho, aunque requieren investigación judicial para ser acreditadas.

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